El negocio tenía lugar en una nave industrial abandonada de uno de los barrios más deprimidos de Barcelona, La Verneda. Un vecino de la zona vio en la desesperación de un grupo de inmigrantes la oportunidad de lucrarse a costa de la miseria ajena. Y no dudó en aprovecharla. Extorsionó durante meses a los extranjeros, les obligó a pagar un alquiler por malvivir en un almacén, que ni siquiera era de su propiedad, y prendió fuego al recinto cuando sus arrendatarios se negaron a avanzar una mensualidad.

La truculenta historia ocurrió el pasado 16 de diciembre y pudo tener un final más negro, pero la quincena de subsaharianos que la protagoniza consiguieron salvar sus vidas. Algunos pudieron salir de la nave antes de que acabara carbonizada. Otros se encaramaron al tejado y fueron rescatados por los bomberos cuando las llamas amenazaban su supervivencia. La estampida se saldó con una sola torcedura de tobillo.

Peor parado salió el autor del incendio, un joven de 24 años y etnia gitana, que acabó detenido por los Mossos d’Esquadra y que ya se encuentra en libertad con cargos no sólo por haber provocado el incendio, sino por el chantaje al que sometía a ese grupo de africanos, al que había convertido en sus inquilinos por la fuerza.

El acusado cobraba un alquiler de 40 euros mensuales a los 14 subsaharianos, que habían hecho del antiguo recinto fabril su hogar y negocio, pues, además de pernoctar entre sus muros, lo utilizaban para almacenar la chatarra y el cartón que recogían y vendían para ganarse la vida. Así ocurría desde septiembre, y hubiera seguido ocurriendo de no ser porque el detenido decidió reclamar el pago de diciembre a mediados de mes. Los africanos se negaron a abonar el arrendamiento antes de tiempo y, ante la negativa, el joven barcelonés les amenazó con prender fuego a la nave si no accedían. El extorsionador volvió acompañado de otras cinco personas y cumplió con su palabra. Posteriormente, el detenido se rebeló ante la llegada de los Mossos y llegó a romper de un puñetazo el cristal del coche patrulla, lo que sirvió para añadir los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad a su ficha policial y sumar a su detención la de su novia, una chica de 20 años que también se enfrentó a los agentes.

El Ayuntamiento de Barcelona conocía la existencia de este asentamiento irregular de inmigrantes, escondido en un recóndito polígono industrial, y llevaba meses intentando convencer a sus ocupantes de que lo abandonaran y se alojaran en los equipamientos municipales que el Consistorio ofrece para intentar erradicar una de las lacras que ha acompañado históricamente a Barcelona: el chabolismo.

Los mediadores del Ayuntamiento no tuvieron éxito, con lo que el Gobierno de Barcelona activó la vía judicial. Sus técnicos emitieron un informe que acreditaba daños estructurales en la nave y alertaba del peligro de derrumbe. Con el informe bajo el brazo, el Consistorio reclamó al juez una orden de desalojo forzoso que, según el Ejecutivo municipal, todavía no había sido emitida cuando el incendio acabó con la antigua Industria Barberà.

Algunos de sus últimos moradores han aceptado ahora la ayuda del Ayuntamiento, pero la mayoría ha preferido buscar un nuevo recoveco abandonado en la ciudad para instalarse.

Este último capítulo relacionado con el chabolismo viene a engordar la retahíla de sucesos vinculados a este fenómeno que han tenido lugar en Barcelona en los últimos años. En abril de 2012, cuatro personas de origen rumano murieron ahogadas por el humo cuando se incendió la chabola en la que vivían. Pasó en el distrito de Sant Martí, el mismo en el que ardió la nave de ayer, y que concentra la mayor parte de asentamientos chabolistas de la capital catalana. Es el mismo también en el que en julio de 2013 el Ayuntamiento desalojó a unos 250 subsaharianos de otra antigua fábrica que habían reconvertido en su hogar.

El censo de inmigrantes que malviven en asentamientos irregulares es muy oscilante. Actualmente, se estima que Barcelona acoge unos 300, la mayoría extranjeros. Pero esta cifra fue mucho mayor años atrás. En 2012, el Ayuntamiento tenía registrados más de 800.