Cuando a Hilda Castro, pensionista de 77 años y nacida en Venezuela, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le negó su derecho a la asistencia sanitaria en octubre de 2013 después de que la oficina de extranjería que le hubiera proporcionado meses antes un NIE, no podía comprender qué ocurría. Su hija, Zulay, que llevaba varios años en el país y tenía nacionalidad española, lo recuerda con estupor y, desde ayer, con una sensación de tranquilidad después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les haya dado la razón a madre e hija y admita que su madre tiene derecho a ser atendida en la sanidad pública, aunque no cuente con un seguro médico privado.

La historia tiene su origen en el Real Decreto aprobado en agosto de 2012 y en el que se negaba la prestación sanitaria a personas que hasta ese momento sí podían asistir gratuitamente a un centro de salud o a un especialista del sistema público. Además de los inmigrantes sin papeles, los padres y madres que, procedentes de países no miembros de la Unión Europea, venían a España a vivir con sus hijos e hijas quedaban también fuera de la atención gratuita. El número de identidad de extranjero (NIE) se concedería sólo a aquellos que tuvieran un seguro médico privado.

FALLO ADMINISTRATIVO

Sin embargo, tal y como explica Laia Costa, abogada de Hilda y Zulay y colaboradora de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, lo que ocurrió con esta jubilada venezolana fue contradictorio por el propio caos surgido al entrar en vigor el Real Decreto. «A Zulay le habían dado la nacionalidad española y su madre inició los trámites para tramitar su tarjeta de familiar. La oficina de extranjería no le dijo en ese momento que uno de los requisitos que imponía la ley para poder tener acceso a una atención sanitaria gratuita es contar con un seguro médico privado. En mayo de 2013, ella obtuvo su NIE, y por tanto su derecho a asistencia sanitaria, y meses después le negaron este derecho».

Desde 2009, Hilda vivía con su hija en Barcelona y acudía muy de vez en cuando a su médico de cabecera para controlar su tensión arterial y su colesterol. «En octubre de 2013 nos dicen que no la pueden atender por un problema administrativo. Los médicos ni los administrativos sabían lo que pasaba. Me fui a una oficina de la Seguridad Social y tampoco sabían lo que ocurría. Cuando me dieron la explicación, no lo entendía. Yo tenía nacionalidad española y ella su NIE, nadie le dijo nada –ni cuando vino desde Venezuela ni cuando le dieron el documento– del seguro médico privado que, por otra parte, ninguna póliza se lo iba a dar porque tiene 77 años».

Finalmente, Zulay acudió a Yo Sí Sanidad Universal, donde le asesoraron sobre qué debía hacer y se puso en manos de Laia Costa, quien señala que la sentencia tiene valor para todos aquellos que estén en una situación similar a la de Hilda. «Es difícil saber el número de personas que podrían verse afectadas porque las oficinas de extranjería en cada provincia interpretaron la ley y actuaron a su manera. Esta sentencia destapa un hueco de tiempo variable en cada provincia y que va desde la entrada en vigor del Real Decreto de 2012 hasta no sabemos cuándo porque cada oficina ha hecho lo que le ha dado la gana».

Desde la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, se reconoce esta sentencia como «un triunfo del reconocimiento del derecho a la sanidad y de su vulneración sistemática que ocurre desde la publicación del Real Decreto». Como este caso, «hay otras familias reagrupadas que están en esta situación, familias a las que ahora da la razón el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña y que previamente, en otro caso similar, hizo lo mismo el de Castilla y León».

Para Zulay, después de meses teniendo que acudir a urgencias con su madre, por fin se ha hecho justicia. «No entiendo que a personas que viven aquí, con hijos que tienen nacionalidad española, se les niegue una cosa tan importante como es la sanidad».