Hoy 23 de diciembre se cumplen
exactamente seis años desde que
el Parlamento aprobara la Ley para
la Garantía de Ingresos que convertía
en derecho, por vez primera
en España, que una persona sin recursos
solicitara una salario social.
El azar ha querido que en este misma
fecha la plataforma Ayudas+
Justas haya iniciado la recogida
de firmas para elevar a la Cámara
vasca una iniciativa legislativa
popular (ILP) para dar la vuelta
como un calcetín a aquel modelo
alumbrado en 2008 y que fue retocado
en 2011. El primero en firmar
fue el alcalde de Vitoria y parlamentario
del PP, Javier Maroto, que
en julio inició una batalla política
para modificar el sistema de ayudas
sociales al denunciar los «abusos
» que permite.
«Hay que dar la cara», manifestó
ayer Maroto en la sede de Ayudas+
Justas en el centro de Vitoria,
un espacio inaugurado ayer y que
contó con cierta afluencia de público
(y nada de luz) en sus primeras
horas abierto. Maroto añadió que
con la apertura de la sede «cambia
algo importante» ya que «muchísimos
vascos» tienen ya la oportunidad
de decir con su firma que desean
que la solidaridad «se entienda
como algo que ayude a las
personas que de verdad lo necesiten
y se eliminen los abusos», informa
Efe.
Por su parte, el portavoz de Ayudas+
Justas, Patxi Gómez, indicó
que la plataforma no se conforma
con lograr el mínimo de 30.000 firmas
para presentar la ILP. Quieren
muchas más, «llegar a todos los
rincones del País Vasco». La plataforma
aspira a contar próximamente
con sedes también en
Bizkaia y Gipuzkoa. En la línea de
Maroto, Gómez indicó que los objetivos
de la reforma legal son
«buscar justicia, frenar los abusos
y modificar una ley que no cumple
con las espectativas».
¿En qué consiste la ILP? Son dos
los puntos fundamentales y afectan
de lleno a los extranjeros. El primero
supone elevar el requisito de
empadronamiento para acceder a
prestaciones de 3 a 5 años –Maroto
planteó inicialmente que fueran
10– y el segundo supone sacar del
sistema a los inmigrantes en situación
irregular ya que se entiende
que las ayudas son un paso intermedio
hacia el empleo y sin permiso
de residencia un contrato laboral
no es posible. Además, se plantea
controlar que los fondos de la
renta de garantía de ingresos no
acaben en «remesas» tanto en el
extranjero como en el resto de comunidades
autónomas.
La ILP propone crear un nuevo
complemento –de unos 50 euros,
según Maroto– para que los jubilados
que perciben ayudas y se encuentren
en una situación de pobreza
energética lleguen a fin de
mes. Hoy mismo el Parlamento
aprobará prorrogar en 2015 el recorte
del 7% introducido en 2011
en todas las ayudas sociales, una
cantidad que en muchos casos se
aproxima a esos 50 euros.