Más de tres semanas después de la macropelea en los aledaños del Calderón, donde murió un hincha del Deportivo de La Coruña, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, reunió a la Comisión Delegada que debía aprobar las nuevas reformas del plan antiultra del fútbol español y que estaba prevista el pasado día 14. Destaca la incorporación en el Código Disciplinario de dos nuevas medidas: la posibilidad de cerrar parcialmente los estadios y la introducción de un nuevo oficial de seguridad. Esta figura será nombrada por la RFEF y asistirá a los encuentros.

En un comunicado, la federación intentó dejar claro que el resto de las medidas que se solicitaban tras las reuniones con otros organismos del deporte para luchar contra la violencia, el racismo y la intolerancia “ya existen en su gran mayoría”. El Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene previsto convocar a su Comisión Directiva para que las normas entren en vigor.

Antes de la reunión de la Comisión Delegada, la Junta Directiva de la federación acordó crear una comisión de trabajo para estudiar los asuntos relacionados con la violencia. En el comunicado el organismo del fútbol español explica que dicha comisión la integrarán “personas pertenecientes exclusivamente al mundo del fútbol”, lo que dejaría fuera cualquier representante del CSD. La aparición de este nuevo órgano es un capítulo más en la guerra entre Villar y Miguel Cardenal, secretario de Estado del Deporte y presidente del CSD.

La aprobación de las medidas contra la violencia en el fútbol se han hecho esperar por la ausencia de Villar en las últimas cumbres. El lunes pasado debía haberse celebrado la reunión definitiva, pero se suspendió por la ausencia del presidente. Villar argumentó que debía acudir a Marraquech para una reunión de la FIFA, aunque esta no comenzó hasta el jueves.