La plataforma “Ayudas+Justas” ha abierto hoy en Vitoria su primera oficina y espera “llegar a todos los rincones del País Vasco” para recoger firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (RGI) que plantea modificar los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La primera sede de esta plataforma ha abierto sus puertas hoy a las 17.00 horas en una céntrica calle de la capital alavesa. El alcalde de Vitoria , Javier Maroto, que inició el debate sobre la necesidad de atajar “los abusos” en el cobro de la RGI, ha sido el primero en plasmar su rúbrica en favor de la reforma legal.

Maroto ha dicho que con la apertura de esta sede “hoy cambia algo importante” en Euskadi , ya que “muchísimos vascos” tienen ya la oportunidad de decir con su firma que desean que la solidaridad “se entienda como algo que ayude a las personas que de verdad lo necesiten y se eliminen los abusos”. Ha explicado que ha querido ser el primer en firmar porque “hay que dar la cara y un mensaje claro” y ha hecho hincapié en que “la fuerza de la calle no se puede parar” al considerar que “miles de vascos” van a respaldar la ILP.

Por su parte, el portavoz de la plataforma en Álava, Patxi Gómez, ha explicado que su intención es no quedarse en las 30.000 firmas necesarias para que la ILP siga su trámite en el Parlamento, sino “llegar a todos los rincones del País Vasco”. Ha insistido en que desean que la gente “se involucre y participe” para impulsar una iniciativa que “busca justicia, frenar los abusos y modificar una ley que no cumple con las espectativas”.

Para ello, la plataforma, además de hacer uso de las redes sociales, planea abrir sedes también en Bizkaia y Gipuzkoa, aún sin fecha. “Hay una parte importante del País Vasco que nos apoya”, ha dicho Gómez, quien ha indicado que por ello “las 30.000 firmas son un objetivo perfectamente conseguible”.

Asimismo, ha precisado que Maroto ha inaugurado los formularios de firmas porque ha pedido ser el primero y porque, además, “es el alcalde de Vitoria, representa a los vitorianos y es importante que sea el primero”. Entre otras medidas, la ILP plantea que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes ilegales, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales.

Solicita también como requisito el empadronamiento en Euskadi al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud. Si no se cumple esto, plantea que baste con un año de empadronamiento antes de la solicitud pero acreditando al menos cinco años de actividad laboral remunerada, “exceptuando a las personas que perciban una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico”. La plataforma cuenta con un plazo de cuatro meses para alcanzar las 30.000 firmas necesarias.