La primera firma la puso el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP). La asociación Ayudas+ justas abrió ayer su sede en la capital vasca con un objetivo: lograr las 30.000 rubricas necesarias para llevar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Parlamento vasco. La firma del primer edil era casi un trámite, dado que Maroto es el precursor de esta campaña que busca endurecer y limitar el acceso a la Renta de la Garantía de Ingresos (RGI), que el Gobierno vasco da a los ciudadanos más pobres.

La plataforma para impulsar la modificación de la ley, y dejar fuera así a inmigrantes sin permiso de residencia, a quienes no hayan cotizado nunca en la seguridad social y a los que lleven menos de 10 años empadronados, busca ahora salir de las fronteras vitorianas para llegar a otros rincones del País Vasco. La asociación trabaja para abrir centros en Bilbao y San Sebastián, aunque aseguraron no ver difícil alcanzar las 30.000 firmas.

El alcalde fue el primero en firmar, aunque el diputado general de Álava, Javier de Andrés, animó por la mañana en Twitter a acudir al nuevo local. La plataforma se constituyó a raíz de la propuesta de Maroto de impulsar una ILP, estrategia que recibió críticas de la oposición. Le achacaban que podría haber sido él quien llevara la propuesta como parlamentario. Maroto firmó el pasado mayo también la ILP a favor de prohibir el fracking, otra iniciativa popular que causa desavenencias en su partido.

El Euskobarómetro apuntó el pasado viernes, además, que dos de cada tres vascos ve fraude en las ayudas sociales, aunque el 78% se mostraba en contra de solucionar el problema con recortes. Pedían más control.