CUATRO palabras. Nos adentramos en terreno farragoso, polémico y lleno de lugares comunes que por ahora, no atisban fácil solución. Antes que nada convendría situar el lugar desde donde abordar la cuestión. No cabe mezclar la cuestión migratoria con las prestaciones sociales sin hablar de pobreza y colonización (¿quién debe a quién?). No es posible hablar de las limitaciones de las políticas públicas y del fraude en las ayudas sociales sin hablar de recortes austericidas y aumento de la desigualdad y la exclusión social. No es admisible hablar de sus consecuencias sin abordar las causas reales de la pobreza y desigualdad social que sufren las y los inmigrantes que se han visto obligados a salir de sus países de origen.

Prestaciones sociales y fraude: peligrosa ecuación. Si entramos en matizaciones y nos detenemos en la polémica suscitada por la prestación social conocida como Renta de Garantía de Ingresos (RGI) conviene recordar que estamos hablando de un derecho subjetivo, por lo tanto de obligado cumplimiento no sujeto a asignación presupuestaria. “Toda unidad convivencial tiene derecho a unos mínimos garantizados”. Es la idea o filosofía central de esta prestación, a la cual no se debería renunciar. A pesar de que el instrumento tenga fallos, es peligroso pensar de antemano que el instrumento en sí genera fraude y distorsiones. Nadie nos ha regalado las escasas herramientas de protección y solidaridad colectiva conseguidas y, a pesar de que sean revisables y mejorables, su propio cuestionamiento genera un escenario de desconfianza y de sospecha para quien hace uso de ellas.

La pobreza, la precariedad y la desigualdad social están creciendo los últimos años y las personas inmigrantes se han visto especialmente afectadas. Tampoco la pobreza es neutra y no afecta igual a mujeres y a hombres. En este sentido, se sigue perpetuando la feminización de la pobreza. Además, no es cierto que nuestro sistema de protección social sea una panacea a la que pueda acceder cualquier persona inmigrante. Al contrario, en los últimos años se han aplicado recortes y se han endurecido las condiciones de acceso a las prestaciones, aumentando el período de empadronamiento exigido de uno a tres años, por ejemplo. En esta misma línea, el Gobierno vasco ha limitado recientemente la atención sanitaria pública a las y los inmigrantes que no puedan acreditar un año de empadronamiento o no cobren la Renta de Garantía de Ingresos. Por tanto, en una coyuntura en la que se deberían aumentar los recursos para que ninguna persona esté en situación de necesidad y exclusión social, se criminaliza la pobreza y se caldea el ambiente xenófobo. Abocarnos a una guerra entre pobres es una estrategia fácil y con vistas a réditos electorales a corto y medio plazo. Y el problema se resume en un supuesto fraude perpetrado por personas y colectivos que vienen a aprovecharse de nuestro sistema.

Así, según desde donde se mire, las realidades son distintas y, según desde donde se enfoque la problemática, se adoptan distintos remedios y medicinas.

En el caso del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, ha optado por utilizar droga dura e intentar, a su modo de ver, acabar con el enganche de ciertos colectivos (personas de origen magrebí, básicamente) a hacer uso de una ayuda social que, dice, no les corresponde. Esta especie de idea – mantra retumba en una parte del imaginario y del subconsciente social y lo peor es que, cuando estas supuestas verdades irrefutables – avaladas incluso por mandatarios públicos – se inoculan a algunas personas, éstas se arrogan el derecho de actuar. Tal es el caso de la agresión sufrida por un ciudadano vitoriano por defender a personas inmigrantes que esperaban en una cola de atención ciudadana en Gasteiz, o el hecho de que se impidiera a una mujer con velo hacer uso del transporte público. Hechos casi sucesivos y en la misma ciudad. ¿Casualidad o consecuencia?

A pesar de que puedan existir distintas interpretaciones ante los mismos hechos, lo cierto es que existe el peligro de que se resquebrajen normas de convivencia y de cohesión básicas.

Hay mucho en juego. El cerco a la pobreza cada vez es más estrecho y con ello el aumento de las expresiones racistas y xenófobas. Quién y cómo se marquen las normas de convivencia entre los ciudadanos nos puede llevar a un modelo de sociedad u otro. Hoy, algunas personas y colectivos están en el punto de mira. Mañana, ¿a quién le tocará?

Por todo ello, celebrado esta semana el día internacional de la inmigración, es preciso manifestar rechazo a cualquier acción o posición racista o xenófoba, tanto en el mundo del trabajo como en la sociedad, y manifestar nuestro compromiso con un modelo de sociedad respetuoso con otras culturas, que garantice una vida digna para todas las personas, cualquiera que sea su origen.