Miles de personas se han congregado en diversas ciudades para protestar contra una ley que endurece las sanciones contra ciertas manifestaciones y dificulta el derecho de asilo. “La voz del pueblo no es ilegal, libertad de expresión, libre manifestación”, gritaban los manifestantes contra una ley promovida por el Partido Popular, que aún debe ser adoptada por el Senado.

“Estoy aquí para poder expresarme, antes de que me lo prohíban”, ha explicado a la AFP Juan José Parrilla, 48 años, empleado de un hospital de Madrid. “Sin pan, sin techo, sin casa, sin tratamiento ¿y ahora calladitos ?”, se interrogaba en una pancarta otro manifestante.

En Barcelona, se han manifestado unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana. Tras una pancarta con el lema ‘Ninguna mordaza nos hará callar. Defendamos nuestros derechos’, la marcha ha partido de la plaza Universidad de Barcelona y ha recorrido las calles del centro de la capital hasta la delegación del Gobierno. Los manifestantes, entre los que figuraba una nutrida representación de miembros de la Plataforma de Afectados por Hipoteca (PAH), han coreado lemas contrarios a la llamada ‘Ley Mordaza’ y han enarbolado pancartas que tachan de dictatorial esa normativa.

Numerosos manifestantes han acudido a la marcha con una mordaza en la boca para mostrar oposición a la ley de seguridad ciudadana y otros muchos han lucido máscaras blancas con signos de prohibición sobre la boca, símbolo de las luchas contra los ataques a la libertad de expresión. En la marcha no han faltado consignas y pancartas para exigir la liberación de los jóvenes que fueron detenidos el pasado martes, en el marco de la “operación Pandora”, por su supuesta pertenencia a una organización anarquista relacionada con varios atentados con artefactos de fabricación casera.

El texto prevé una batería de medidas contra los frecuentes disturbios de estos últimos años en los que los recortes han provocado manifestaciones con centenares de miles de personas, ocupaciones de viviendas y movilizaciones ciudadanas contra las expulsiones. Estas medidas permitirían al Estado imponer multas muy elevadas – hasta 600.000 euros según los casos – sin pasar por un juez.

Así, se prevén multas en caso de manifestaciones en lugares donde puedan resultar perturbados los servicios públicos, cerca del Parlamento, o con el objetivo de obstaculizar acciones judiciales como expulsiones de viviendas (en este caso con multa de 30.000 euros). La ley, igualmente criticada porque permitiría expulsar a inmigrantes clandestinos sin que éstos puedan interponer una demanda de asilo, es presentada por el gobierno como un texto en favor de la seguridad y por la oposición como una ley “mordaza”.