ELA y el Ararteko aprovecharon ayer las celebraciones del día de las personas migrantes para arremeter contra el PP y contra las tesis apra endurecer el acceso a la ayudas sociales que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha lanzado a la escena pública desde el pasado verano. Ambos censuraron estas políticas pretendidas por los populares y la forma en que se ha fomentado el debate, con acusaciones directas a ciertos colectivos como los inmigrantes magrebíes.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, acusó al PP de “utilizar a los inmigrantes para tapar la verdadera corrupción que existe en nuestra sociedad y que planea sobre su partido” y valoró que el objetivo de quienes proponen bajar las prestaciones sociales y acabar con ellas, es conseguir que se acepten “las condiciones miserables que ofrecen los contratos de trabajo”, que resumió en “empleos por 500 euros”.

El sindicado se concentró precisamente en Vitoria para denunciar la política “xenófoba” del alcalde de la ciudad. Txiki reivindicó el derecho a la inmigración, y esperó que “las personas, que en su mayor parte se ven forzadas a emigrar, allí donde vayan tengan los mismos derechos que los que tenemos quienes vivimos aquí”.

Ararteko

El Defensor del Pueblo vasco-Ararteko, por su parte, reclamó que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) alcance “a todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad”, y se opuso a que los inmigrantes sufran los recortes sociales “en mayor medida” que otros colectivos. Además, afirmó que “toda conducta que implica un trato vejatorio a una persona por su origen nacional, su etnia o su religión” debe ser objeto de “rechazo social”.

Íñigo Lamarca aludió en su mensaje a una cuestión que, como la RGI, está siendo objeto de debate debido a la propuesta del PP para endurecer los requisitos de acceso. Esta iniciativa -presentada inicialmente por el alcalde del PP en Vitoria, Javier Maroto, y canalizada después mediante una plataforma ciudadana- plantea excluir de la RGI a las personas sin permiso de residencia y a quienes no lleven cinco años empadronados en Euskadi.

En su declaración el Ararteko destaca que “la lucha contra la discriminación y contra la estigmatización de colectivos y personas debe ser prioritaria”, por lo que “se debe trabajar por la educación en valores, para que toda conducta que implica un trato vejatorio a una persona por su origen nacional, su color, etnia o su religión sea objeto de rechazo social”.

En esta línea, pide que se refuerce la persecución de los delitos de odio o raciales y de trata de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, o cualquier forma moderna de esclavitud. “Son conductas que deben impedirse por todos los medios, porque atentan seriamente a los principios de una sociedad democrática y a la esencia del ser humano”, añade.