Diversos colectivos, movimientos sociales, grupos de inmigrantes de diferentes nacionalidades y asociaciones – entre ellos, la Campaña por el Cierre de los CIE, Valencia Acoge, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Asociación Entreiguales Valencia, la Asociación Intercultural Sariri, la Asociación Intercultural Candombe, l’Assemblea de les llibertats i contra la repressió del Micalet, Plataforma de Auditoria Ciutadana del Deute o la plataforma antifascista València Entre Totes – , han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía este jueves a participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado, día 20 de diciembre, en Valencia, contra la ley Mordaza y por el día de los derechos de las personas migrantes.

La marcha tendrá dos puntos de convocatoria diferentes, ambos a las 18 horas: bajo el nombre Manifestación Día internacional de los derechos de las personas migrantes – Séptima Marcha por el Cierre de los centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) – , partirá desde la plaza del Ayuntamiento, – donde se sumarán columnas procedentes de otros barrios como Orriols, Olivereta y Benimaclet – hasta la delegación de Gobierno –en la calle Colón – , donde esperarán concentrados los colectivos contra la Ley Mordaza. En ese punto, confluirán ambos movimientos que marcharán de forma conjunta hasta la puerta del CIE de Zapadores.

La portavoz de los colectivos de las personas migrantes, Ángela Pedraza, ha afirmado que esta acción exigirá el fin de la represión de los derechos de todas las personas – teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad que sufren las personas migrantes – y busca, además, poner en valor los beneficios que las personas extranjeras aportan a la sociedad, en todos los ámbitos.

Asimismo, ha explicado que la manifestación quiere reivindicar el derecho de las personas migrantes a manifestarse sin miedo, así como mostrar el rechazo de la sociedad civil –migrante o autóctona – a las redadas racistas, las detenciones en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), las deportaciones forzosas a los países de origen y el genocidio migratorio en las fronteras.

“La ley mordaza pretende legalizar las deportaciones en la frontera de las personas que huyen del hambre, la guerra o la persecución política. La maniobra del partido en el gobierno intenta legalizar lo ilegal, ya que se plantea de espaldas a toda la legislación internacional de derechos humanos. No es más que un nuevo intento de legalizar actuaciones contra la ley de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y facilitar la impunidad de Jorge Fernández Diaz, a quien consideramos el máximo responsable intelectual de las agresiones y muertes en frontera”, ha afirmado.

Políticas reales de integración, trabajo digno y sanidad universal

“Además, las personas migrantes, y los colectivos sociales que nos apoyan, nos hemos organizado para exigir políticas reales de integración que se basen en el respeto y que pongan fin a la xenofobia y al racismo institucional. Asimismo, nos unimos para reivindicar nuestro derecho a un trabajo digno: basta de contratos basura que nos someten a condiciones de esclavitud”, ha añadido Pedraza.

La portavoz ha indicado, asimismo, que el acceso a la salud es un derecho humano “que no se está cumpliendo en esta sociedad, ni para personas migrantes ni para autóctonos” y ha exigido una atención sin restricciones para todas las personas, independientemente de su situación administrativa y su origen.

Por último, ha recordado que, entre las causas de las migraciones, está la depredación de los recursos naturales, el saqueo financiero (deuda externa) y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los países de origen por parte de multinacionales, muchas de ellas europeas, que provocan en aquellos territorios situaciones de miseria estructural: “Reivindicamos el derecho a no tener que migrar, por eso es necesario que cese el expolio de nuestros países. ¡Estamos aquí porque estáis allá!”, ha concluido.

“Criminalización” de los movimientos sociales

Por otra parte, Miguel Pérez Mariz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia ha añadido que la Ley Mordaza implica la criminalización de los movimientos sociales. “Nuestros colectivos luchan cada día por la personas sin techo, las que están hipotecadas, las familias que no pueden pagar un alquiler mientras la banca –subvencionada con dinero público – tiene miles de pisos vacíos y las Administraciones no habilitan suficientes viviendas sociales”, ha indicado. “Ahora, oponerse a un desalojo u ocupar una sucursal bancaria comportará multas altísimas e incluso la posibilidad de ir a prisión.

Además, ejercer el derecho a huelga o manifestarse frente al Parlamento será delito. Por otra parte, los controles policiales serán aún más arbitrarios y los registros corporales serán habituales y estará prohibido captar pruebas visuales de maltrato policial y, por supuesto, hacerlas públicas”, ha asegurado.

Jesús March, el representante de l’Assemblea de les llibertats i contra la repressió del Micalet, ha asegurado que la Ley Mordaza nos sitúa en un sistema “cada vez más dictatorial”. “El PP busca que las ciudadanas y los ciudadanos se lo piensen dos veces a la hora de manifestarse. Esta ley quiere parar la disidencia y la oposición a sus políticas y está al servicio del capital”, ha afirmado.

“Es más necesario que nunca que la ciudadanía se movilice. La unidad popular en la lucha, el derecho a decidir qué tipo de sociedad y qué tipo de economía queremos, la exigencia de la protección social para toda la ciudadanía, especialmente para los y las más vulnerables, y la solidaridad son nuestro mejor antídoto contra estos corruptos que envenenan nuestra sociedad condenándola a la precariedad, la pobreza y la solidaridad”, ha concluido.