La eurodiputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha denunciado que la Comisión Europea se lava las manos y señala que “la evaluación de incidentes concretos y deficiencias que se produzcan en centros de internamiento de cada país es, ante todo, competencia de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales nacionales pertinentes. Incumbe a las autoridades y órganos jurisdiccionales españoles decidir si se suspende el regreso de los expulsados requeridos como testigos en procedimientos en curso”.

Albiol ha denunciado que con la actual legislación se producen casos como el del músico Lory Money, al que la Policía “quería internar en el  CIE de Zapadores durante dos meses, cuando el juez ha visto claramente que tenía arraigo y que además tenía incluso una cita para conseguir el permiso de residencia”.

Para Albiol, “la falta de control de estos centros provoca graves violaciones de los derechos humanos” y “convierte estos siniestros recintos en auténticas prisiones”. Aun así, la Comisión Europea también añade que su estrategia sobre funcionamiento e inspección de los centros de detención “incluye el uso de un sistema de inspecciones establecido conforme a lo dispuesto en el nuevo mecanismo de evaluación de Schengen, que será operativo en 2015, como herramienta para la mejora de unas condiciones de detención dignas y humanas en todos los estados miembros, incluida España”.