El llanto de los bebés es un continuo ruido de fondo en el centro de acogida de inmigrantes de una localidad andaluza. En las habitaciones hay cunas de madera, barreños con ropas diminutas en remojo, un andador patas arriba y todo lo necesario para atender a la treintena de criaturas que un día como hoy pululan por este gran edificio. Llegaron hace días a las costas españolas y ahora sus madres y otras mujeres esperan la llamada de teléfono de la red de trata de personas que las ha ayudado a entrar en España y que les informará de qué día y a qué hora abandonarán el centro de inmigrantes para no volver.

De poco servirá que la organización que les acoge alerte de que hay indicios de trata. Las mujeres cruzarán la puerta del centro con los bebés en brazos y desaparecerán ante la impotencia de la policía y las ONG, incapaces de seguirles la pista por los burdeles y polígonos de España. Tal vez meses o años más tarde estos niños salgan a la luz en una operación policial. Tal vez no.

Cientos de menores circulan por España de la mano de las redes de trata de personas y al margen del control de la Administración, según las estimaciones de organizaciones que trabajan con víctimas de trata. Los datos que aporta la fiscalía de Córdoba hablan de 83 menores sospechosos de ser instrumentalizados al servicio de redes delictivas en lo que va de año. El cambio de perfil migratorio en los últimos tiempos —de hombres sanos y solteros a la aparición de mujeres con niños— ha pillado con el paso cambiado a las instituciones, que no acaban de encontrar un encaje legal e institucional capaz de ofrecer protección a estos niños.

Los bebés africanos ejercen de visado para las madres y son, sobre todo, una pieza clave para las mafias, que los utilizan para extorsionar a las víctimas. Si una mujer llega a las costas españolas con un bebé en brazos, acabará en un centro abierto, como el andaluz, del que podrá entrar y salir con total libertad. En cambio, si viene sola, la probabilidad de acabar en un centro de internamiento (CIE) y después ser repatriada a su país se dispara. En parte por eso, los embarazos y los partos son omnipresentes en el largo camino que lleva a las mujeres hasta Europa, en el que sufren violaciones sistemáticas.

Ya en España, fuera del radar de las instituciones, los tratantes separan a los niños de las mujeres y comienzan años de explotación en polígonos y burdeles. A las mujeres se las reparte por el territorio nacional o se las envía a prostíbulos en otros países europeos. Los bebés pasan a manos de una mami de la red, que se hace cargo de ellos y que los utiliza para extorsionar a las mujeres. Si quieren que sus hijos coman, si quieren que no les pase nada, deben prostituirse a buen ritmo para pagar la deuda contraída para llegar hasta Europa. “Los niños forman parte del negocio desde el principio”, explica Teresa Fernández, abogada de Womenslink, una organización que sigue de cerca la trata. “La red decide si las mujeres continúan con su embarazo. Cuándo y con quién viajan. Después, las víctimas se mueven mucho en función del acoso policial. Y los niños no acompañan necesariamente a la madre”, añade.

Las operaciones policiales, junto con los escasos testimonios de víctimas que pasan a ser testigos protegidas, arrojan algo de luz sobre este siniestro entramado criminal. Este verano, la policía detuvo a miembros de una red en Madrid, Toledo y Francia que mantenía cautivos a dos niños de tres y cinco años. Meses antes, en Valmojado (Toledo) la policía entró en un piso y encontró a dos niños de unos tres años medio sedados, con síntomas de desnutrición, y marcas en el cuerpo de los trapos con los que les ataban a las camas, según la versión policial. En Puente Genil, hace dos años, una mami nigeriana mató a un bebé de nueve meses que tenía a su cargo.

Los indicios apuntan a que estos casos son solo la punta de un iceberg cuyas dimensiones resultan desconocidas para instituciones y organizaciones humanitarias. Pero sólo entre abril de 2013 y abril de 2014 Cruz Roja ha contabilizado la llegada a sus centros de 89 casos de mujeres acompañadas de niños o bebés y con indicios de trata. “Existe una carencia de datos generalizada respecto al número de menores víctimas de trata”, concluye el informe del Defensor del Pueblo publicado en 2012 y que en buena parte sigue vigente. “Escasean los procedimientos solventes de identificación”, añade. Porque a pesar de que ha habido avances sustanciales y de que, desde el año pasado, una circular policial obliga a registrar a los bebés que llegan a las costas y someterles a pruebas de ADN, nadie sabe a ciencia cierta cuántos menores entraron antes de que empezaran las anotaciones, dónde están, si van a la escuela o si viven secuestrados. Pero además, incluso en el caso de los registrados, tampoco se sabe si siguen en España ni en qué condiciones. Cuando salen de los centros de inmigrantes se vuelven invisibles. No se sabe si ese niño va al colegio, si va al médico o si sufre malos tratos. Están en las bases de datos pero nadie los busca. Cuando se van, su caso se archiva.

Los bebés pasan a manos de una mami de la red, que se hace cargo de ellos y que los utiliza para extorsionar a las mujeres.

“Ahora puede haber cientos de niños por toda España”, estima Rosa Flores, responsable de programas de lucha contra la trata de Cruz Roja. Womenslink comparte esta estimación. La policía contó en operaciones policiales a 29 menores víctimas de trata en 2013, el primer año que empezaron a registrar. “Hay algunos a los que se localiza pronto, pero en otros casos pueden pasar años”, explica José Nieto, inspector jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).

A la fiscalía de menores de Córdoba se la considera puntera en asuntos de menores y trata. Carmen Rubio, la fiscal, piensa que queda mucho por hacer. “El mayor problema es la falta de recursos”, lamenta. “Este verano hemos estado desbordados. Las mujeres que, acompañadas de sus supuestos hijos, negaban ser víctimas y rechazaban la protección, pasaban delante de nosotros y les perdíamos la pista”. Rubio cree que la llegada de niños ha pillado a las instituciones poco preparadas. “Es una realidad muy nueva. Los servicios de protección no estaban preparados”. Rubio cree que ha habido avances, pero no suficientes. “Hace falta sensibilización, formación y audacia como hubo con la violencia de género”. Y pide más lugares donde las mujeres estén protegidas junto a sus hijos. Que se considere al menor desamparado y se le separe de su madre dista de ser la solución ideal para algunas organizaciones. “Corremos el riesgo de que la Administración sea excesivamente protectora y retire a una madre la tutela de su hijo”, cree Rosa Cendón, coordinadora de Adoratrices-Sicar, desde Barcelona. “Si esto ocurre, será doble víctima”.

El 20% de las víctimas de tráfico de personas en Europa son menores, según el reciente informe de Naciones Unidas sobre tráfico de personas en el mundo.

Fue en torno a 2007 cuando empezaron a llegar a España niños en las pateras. “Poco a poco nos dimos cuenta de que esas mujeres no tenían un proyecto migratorio”, recuerda Flores. “No sabían ni en qué país estaban. No conocían a nadie aquí. Al día siguiente, las venía a buscar su brother y no las volvíamos a ver”.

En Cruz Roja empezaron a documentar estos casos y en 2009 tenían ya unos 300 de menores. Se dieron cuenta de que muchos de esos niños no eran hijos de aquellas mujeres. Cuando los ponían en brazos de sus supuestas madres, lloraban llamando a su mamá. Concluyeron que la red los metía y los sacaba de España en brazos de distintas mujeres. A la vez, iban floreciendo menores en las operaciones policiales. Las primeras pruebas de ADN confirmaron que no había vínculo filial. Desde entonces, ha disminuido drásticamente el número de mujeres que llegan a España con niños que no son suyos. El informe del Defensor del Pueblo recomendó después el registro de los pequeños y en 2013 la policía empezó a tomarles huellas, fotos y muestras de ADN. Hasta entonces, el menor no existía a ojos del Estado

Los progresos son evidentes, pero la realidad que aflora con cuentagotas demuestra que queda mucho por hacer. A Milagros Núñez, responsable de Ayuda Humanitaria e Inmigración de Cruz Roja le preocupa como a otros expertos consultados las consecuencias negativas de la descentralización de las competencias, que hace que la solución dependa de la comunidad autónoma en la que caiga la víctima. Núñez pide, para empezar, un registro con carácter nacional; que Interior centralice los datos como hace con las víctimas del terrorismo. Sugiere también “establecer un protocolo de seguimiento para las víctimas de trata que vienen con niños”.

Las mermadas iniciativas oficiales se topan con la desconfianza de unas mujeres que se fían más de los tratantes que del Estado. Piensan que cuando paguen la deuda, la red les devolverá a sus hijos. Con el Estado no lo tienen tan claro. Por eso no denuncian, no cuentan. Son tumbas.