La Justicia española quiere que las autoridades de Marruecos identifiquen a la tripulación de la patrullera 116 del Quinto Regimiento de la Marina Real que mató en aguas marroquíes, hace ya más de 13 meses, a dos jóvenes españoles de Melilla, así como las armas con las que dispararon. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, puso en marcha, el 2 de diciembre, una comisión rogatoria de asistencia judicial a Marruecos que amplía otra anterior, formulada en abril, añadiendo múltiples diligencias.

Según la versión oficial marroquí, el 27 de octubre de 2013, una patrullera de la Marina Real dio el alto frente a Punta Negri (este de Melilla) a una lancha rápida en la que navegaban Abdeslam Ahmed Ali, de 24 años, más conocido por su apodo Pisly, y Mohamed Amin Mohamed Dris, de 20 años, apodado Emin.

Aunque no llevaban droga a bordo, los chavales no obedecieron. Tras hacer cinco disparos de advertencia al aire, los infantes de marina apuntaron a dar. A.E.M. lo hizo 26 veces y M.B., 15. «Estos disparos causaron inmediatamente la muerte de las dos personas», señala el atestado que efectuó la Gendarmería marroquí. Los resultados de la autopsia que se les practicó en Melilla arrojan dudas sobre esta versión. «Los niños fueron maltratados antes de ser abatidos», asegura Abdeslam Ahmed, padre de Pisly. «Tenían golpes en la frente, hematomas en el tórax y disparos horizontales», precisa. Su mayor dolor es, tras la muerte de sus hijos, no haber obtenido una explicación de las autoridades marroquíes ni de las españolas.

Diez días después de que cayeran abatidos, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, anunció que el «incidente» se aclararía de forma muy rápida. En diciembre de 2013 fue el ministro portavoz del Gobierno de Marruecos, Mustafá el Khalfi, el que afirmó que se había abierto una investigación –por un magistrado del Tribunal Militar de Rabat– y que sus resultados serían comunicados por «vía diplomática» a las autoridades españolas. Nada de eso ha sucedido.

Además de pedir las identificaciones, el magistrado Andreu también requiere a las autoridades marroquíes para que le hagan llegar una copia certificada del atestado de la Gendarmería y los objetos personales de ambos chavales, empezando por sus móviles. También solicita el registro de entradas y salidas de embarcaciones del puerto deportivo de Saidía, de donde zarpó la lancha con los dos melillenses.

Las autoridades marroquíes no suelen contestar a estas comisiones rogatorias, ni colaborar con la Justicia de países europeos cuando afectan, por un motivo u otro, a sus policías o militares. Tres comisiones rogatorias formuladas desde 2007 por la Audiencia Nacional, con relación a un supuesto genocidio en el Sáhara Occidental, no recibieron respuesta alguna.

El último ejemplo se produjo en París, a finales de febrero, cuando siete agentes de la policía judicial francesa se presentaron en la residencia del embajador marroquí para conducir ante un juez instructor a Abdelatif Hamouchi, director de la policía secreta (DST), denunciado por torturas. Se negó a seguirles y salió inmediatamente de Francia.

El caso más emblemático es el del general Hosni Bensliman, comandante en jefe de la Gendarmería. En 2003 la Justicia francesa empezó a formular comisiones rogatorias para poder interrogarle como testigo por el secuestro y asesinato, en 1965 en París, de Mehdi Ben Barka, el más célebre opositor al rey Hassan II. En 2007 el juez instructor Patrick Ramaël dio un paso más y firmó una orden de detención internacional contra él. Bensliman fue, sin embargo, condecorado, en enero de 2005, con la Gran Cruz de Isabel la Católica por el Consejo de Ministros español. En noviembre de 2007 formó parte de una delegación marroquí que viajó a España. Cinco años después tuvo, sin embargo, que salir apresuradamente de Londres después de que el magistrado Ramaël señalase a Scotland Yard su presencia allí como presidente del Comité Olímpico marroquí.