A Raúl Olmedo, de 19 años, la Policía lo cogió al bajarse de la bici, en la puerta de su instituto de Alcorcón (Madrid). En apenas 40 horas, lo llevaron a comisaría esposado, lo encerraron en un calabozo y le montaron sin dinero en un avión hacia Honduras. No pudo recoger sus cosas ni despedirse de su familia. Le expulsaron por no tener papeles, 11 días antes de la entrevista para regularizar su situación en España.

Su madre, Miriam Padilla, ha acudido a los tribunales y al Defensor del Pueblo porque la deportación se hizo «sin cobertura jurídica, ni seguir el procedimiento legalmente establecido». Cree que se han vulnerado derechos fundamentales como el de tutela judicial efectiva, a la libertad, a la intimidad y a un trato digno.

Casos parecidos al de Raúl se producen con frecuencia. Son las expulsiones exprés, una práctica policial que, según denuncian la Abogacía y las ONG, se está generalizando ante la mala prensa que han adquirido los centros de internamiento de extranjeros, los polémicos CIE.

La Policía cada vez encierra menos a los inmigrantes en los CIE, sobre todo desde la emisión, hace seis meses, de una circular que restringe el internamiento en estos centros. A cambio, está recurriendo a repatriaciones urgentes que tienen lugar en menos de 72 horas, sin la presencia del juez y con un plazo tan corto que dificulta, si no impide, una debida defensa jurídica.

Las expulsiones exprés son ya más numerosas que las deportaciones desde los CIE. Durante 2013, la Policía realizó 6.462 frente a las 4.726 devoluciones que practicó desde los centros de internamiento, según ha desvelado el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu.

Es la primera vez que el Ministerio del Interior hace públicos estos datos y no ha detallado los de otros años de forma que se puedan comparar, pero las asociaciones y los abogados que trabajan con inmigrantes denuncian que, durante el último año, se ha multiplicado esta «durísima» forma de devolver a las personas que se encuentran en situación irregular.

Francisco Solans, presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, señala que las expulsiones exprés han crecido en «progresión paulatina en menos de un año». «La Policía lo ha tomado como una mecánica más eficaz, porque las posibilidades de defensa se ven muy mermadas». «En algunas ciudades ni siquiera se llama a un abogado. Y, cuando se hace, tenemos muchas dificultades para defender al detenido en menos de 72 horas».

En la mayoría de los casos, 72 horas no son suficientes para que el abogado recopile toda la documentación que demuestra el arraigo del inmigrante y presente un escrito de urgencia que permita al juez revocar la expulsión antes de que se ejecute.

Los activistas de la Campaña por el Cierre de los CIE dicen que «las deportaciones exprés son una práctica muy poco conocida pero cada día más común, y muy relacionada con los macrovuelos de deportación», que estuvieron un tiempo parados y han cobrado un nuevo auge.

Sostienen que «la Policía, cuando tiene conocimiento de la existencia de un macrovuelo, inicia la persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino». Y que, «en caso de que no haya suficientes internos en los CIE para llenar el vuelo», acuden a buscarlos a sus casas, a sus asociaciones o a las puertas del colegio de sus hijos.

Cristina Manzanedo, responsable jurídica de la ONG jesuita Pueblos Unidos, dice que «se nota un cambio en la ejecución de las expulsiones, habiéndose producido un fenómeno desconocido y en el que hay absoluta opacidad: las expulsiones desde comisaría en el plazo de 72 horas».

Lo atribuye a la presión que ha ejercido la opinión pública en contra de los CIE, que ha obligado a la Dirección General de Policía a restringir el internamiento. También cree que es una práctica «más barata» porque supone el ahorro del alojamiento en el CIE, que cuesta 727 euros por inmigrante, en datos de 2011.

«Es más barato, pero, sobre todo, es más eficaz para eludir el control judicial», añade Francisco Solans. «No queremos que se vuelva a recluir a inmigrantes en los CIE, sino que haya procedimientos más pausados y que la persona tenga derecho a defenderse ante el juez de forma debida. Se está expulsando a la gente sin control judicial. Las garantías y precauciones del sistema son mucho menores».

En el caso de Raúl, todo apunta a que esas garantías no se cumplieron. Se envió a un menor a un país muy peligroso, sin dinero y sin comprobar si iba a recogerlo alguien. El chico no tenía antecedentes policiales que justificaran la rapidez con la que se tramitó su caso y estaba muy integrado en Alcorcón, donde vivía con su madre y su hermana, residentes de larga duración en España.

Miriam Padilla asegura que «los policías fueron a buscarlo a la puerta del instituto porque ya sabían que no tenía papeles». Además, como se le detuvo un jueves por la tarde y hasta el viernes no llegó el abogado, no dio tiempo a interponer un recurso en condiciones. Se le expulsó el sábado, mientras sus familiares lo buscaban a la desesperada por calabozos y comisarías. Nadie les decía dónde estaba y el avión de Raúl partió. La familia ha quedado partida en dos.

La Policía asegura que este tipo de deportaciones se llevan a cabo «con todas las garantías legales».