Sólo en el año 2013 se constataron 1.172 delitos de odio en España. De ellos, 472 fueron motivados por razones de orientación sexual, 381 por razones de raza y 290 por discapacidad. No obstante, sólo el 10% de las víctimas de este tipo de delitos llegan a denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según datos proporcionados por la UE. De esta manera, en España podrían cometerse más de 10.000 delitos de odio al año. Para luchar contra esta lacra, el Ministerio de Interior ha presentado este lunes un protocolo de actuación que prevé una protección integral de las víctimas y mejorará la identificación de este tipo de delitos y la acción de la Justicia.

“El protocolo pretende visibilizar los delitos de odio y poner el foco en las víctimas más vulnerables; poner en marcha una gran cadena humana que ayude a las víctimas a denunciar y dar las herramientas necesarias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para identificar los discursos de odio”, ha manifestado el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez", encargado de presentar el protocolo.

Las instrucciones dadas desde Interior muestra a los agentes los indicios que deben hacer constar en sus atestados, la manera en la que tendrá que contactar directamente con el Ministerio Fiscal y la fórmula elegida para dar una protección especial a la víctima. Sin embargo, el secretario de Estado ha especificado poco más sobre la forma de actuar de los policías y cómo este protocolo repercutirá de manera beneficiosa en la víctima.

Las víctimas aplauden la iniciativa y piden una ley integral

Martínez sí que ha señalado que los indicios que los agentes deberán hacer constar en sus atestados serán si el agresor tiene una estética determinada que se asemeje a una organización ultra, si la víctima pertenece a un colectivo minoritario, si el ataque se produjo cerca de algún lugar de culto de asociaciones ultras o si la agresión estuvo acompañado de comentarios vejatorios. Estos indicios serán trasladados al Ministerio Fiscal que, de esta manera, contará de los suficientes indicios racionales de criminalidad para “poder formular cargos de imputación” y, cuando corresponda, “establecer condenas”.

El protocolo de actuación presentado este lunes ha contentado a las asociaciones de víctimas. De hecho, Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación de Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), presente entre en el público durante la presentación, ha señalado a Público que el protocolo “será muy útil” ya que sirve para “visibilizar la realidad de las víctimas y los delitos y crímenes de odio”. “El protocolo ayudará a las víctimas a denunciar y ayudará a que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad sean más proactivos y sensibles”, apunta García Rodrigo, que se muestra confiada en el paso adelante que supone este protocolo.

El optimismo de García Rodrigo es compartido por Esteban Ibarra, presidente de Movimiento Contra la Intolerancia. Ibarra considera que el protocolo es “un gran primer paso” ya que habla de “protección integral de las víctimas” y supondrá una herramienta “muy útil” para distinguir lo que son los delitos de odio de los comunes. Asimismo, Ibarra ha considerado que desde las instituciones públicas se debe incentivar la denuncia de este tipo de delitos y proteger, especialmente, a la víctima una vez ha denunciado para evitar represalias.

A pesar de la buena acogida de este protocolo, Ibarra también ha aprovechado la oportunidad para pedir al secretario de Estado de Seguridad que el Ejecutivo dé un paso más y formule una ley integral de protección de víctimas de delitos de odio. En su opinión, la política del Estado debe seguir la estela de la lucha contra la violencia de género. “A partir de aquí tenemos que pedir a las instituciones una sensibilidad especial. El siguiente paso del Consejo de Víctimas, y así se lo he hecho saber al secretario de Estado, es la reivindicación de una ley integral. Espero que los grupos parlamentarios sean sensibles a este problema”, ha señalado Ibarra, que ha matizado que esta ley podría aprobarse esta legislatura “o la siguiente”.

Cabe recordar que también el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Grande – Marlaska, reclamó hace apenas un mes una ley integral para perseguir los delitos de odio y discriminación. “No tenemos un capítulo dedicado a los delitos del odio, sino que están dispersos en el Código Penal”, alertó el magistrado, quien defendió la necesidad de aprobar una ley integral, como la de violencia de género, para luchar de forma coordinada contra este fenómeno en los distintos ámbitos afectados: educación, sanidad, justicia e interior y “ayudar a que estos delitos no queden impunes”.