El martirio de Johan David
La fiscalía pide ocho años para las dos cuidadoras del niño arrojado a la basuraEl ministerio público sostiene que agredieron al menor y le pusieron de rodillas y cara a la pared hasta quedar exhausto
Las Provincias, , 15-12-2014Johan David, de tres años de edad, sufrió un auténtico calvario durante el tiempo que estuvo al cuidado de dos amigas de su madre, Pura y Vanesa. La progenitora se vio obligada a emigrar a Francia para trabajar a comienzos de 2012. No era la primera vez que hacía las maletas en busca de un futuro mejor. Ella, natural de Bolivia, llegó a Valencia con el mismo propósito. En su viaje al país vecino, no pudo llevarse al pequeño porque no estaba inscrito en el Registro Civil español. Fue imposible gestionar la documentación necesaria.
Fue entonces cuando David comenzó a sufrir el lado más cruel de la condición humana. Indefenso ante quienes, en teoría, debían protegerle. El relato de hechos de la Fiscalía en su escrito de acusación resulta aterrador. «Golpearon al niño valiéndose tanto de prendas textiles mojadas como de algún cinturón». Otro de los castigos consistía en situar al menor frente a una pared, de rodillas y con los brazos levantados, hasta que el pequeño comunicaba su cansancio.
Esta era la forma de ‘educar’ de las dos mujeres cuando no estaban conformes con el comportamiento del pequeño. Se desconoce durante cuánto tiempo y ocasiones, el menor sufrió estas prácticas.
Johan murió en mayo de 2012. Una noche, mientras caminaba por el piso en el que residía en Valencia, sufrió un traumatismo. La investigación no ha podido determinar las circunstancias exactas en las que se produjo este golpe. «Ninguna de las acusadas, a pesar del encargo asumido y el carácter inquieto del menor, lo supervisó inmediata y directamente», añade el escrito.
El niño, tras sufrir una hemorragia craneal, falleció. No ha sido posible establecer con exactitud la causa de la muerte. Por eso, a las dos acusadas se les pide pena por un homicidio imprudente.
Pura y Ángela decidieron deshacerse del cadáver. Llegaron a barajar descuartizarlo o quemarlo, pero finalmente optaron por otra fórmula: arrojarlo una noche a un contenedor de basura. Previamente se acercaron a un local de comida rápida, próximo a su domicilio, y solicitaron dos bolsas de basura. El dueño se las entregó porque era amigo de las dos mujeres. A continuación, metieron el cuerpo en las bolsas y estas en un carro de la compra. Tras andar durante media hora llegaron al barrio de San Isidro. Allí, en un contenedor, depositaron el cadáver.
No terminaron ahí sus despropósitos. Ya de madrugada, el día posterior a la muerte del menor, Vanesa acudió a la comisaría de Policía Nacional de Patraix y denunció la desaparición del pequeño. La mujer relató que un hombre, que se había identificado como agente de policía, se había llevado al niño en un coche. Otro hombre aguardaba en el automóvil. Un juzgado investigó los hechos, actuaciones que acabaron archivadas al comprobarse la falsedad de la denuncia.
El cuerpo, entre basura
Mientras las dos mujeres mantenían su versión, el cadáver de Johan, entre la basura que había en el contenedor, fue a parar a una planta de tratamiento de Quart de Poblet. De ahí desembocó en otra central de residuos del municipio de Siete Aguas. Las dos mujeres, que residían juntan en casa de una anciana inválida a la que una de ellas cuidaba, incluso colaboraron con la madre poniendo carteles en Valencia para denunciar la desaparición.
Días más tarde, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hallaron el cadáver entre toneladas de desechos. El cuerpo presentaba diferentes lesiones causadas por la maquinaria. Esta circunstancia también influyó en que fuera imposible averiguar la causa real del fallecimiento.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de maltrato físico habitual (dos años), tres delitos de maltrato sin lesión (un año por cada ilícito), un homicidio imprudente (tres años) y otro de profanación de cadáver (cinco meses de prisión). En total, ocho años y cinco meses. Además, el ministerio público solicita una multa de 3.000 euros por la simulación de delito al presentar una denuncia falsa. A todo lo anterior, se suma una petición de indemnización de 75.000 euros para los padres del menor por el daño moral.
Lohammy Castro, madre del menor, el mismo día que se produjo el hallazgo del cuerpo, declaró a LAS PROVINCIAS: «Les confié lo más preciado que tengo: la vida de mi hijo. Nunca les perdonaré lo que han hecho».
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