Un real decreto del Gobierno central dejó en el verano del 2012 sin el derecho a la tarjeta sanitaria a aquellos inmigrantes irregulares que llevan más de seis meses viviendo en Galicia y que antes sí tenían ese derecho. La Consellería de Sanidade puso entonces en marcha un programa, al que denominó Programa Galego de Protección Social de Saúde Pública, para dar cobertura a este colectivo, que en un principio se cifró en nueve mil personas, aunque solo tres mil de ellas eran usuarias de la sanidad.

Más de dos años después – entró en vigor el 24 de septiembre – , se inscribieron en el programa 2.113 inmigrantes irregulares. Pero de ellos casi uno de cada cuatro, en concreto 497, ha logrado pasar a alguna de las vías ordinarias de aseguramiento, bien porque ya son beneficiarios de alguien con tarjeta sanitaria – por ejemplo si se casaron – o porque encontraron trabajo y regularizaron su situación.

El Sergas asegura que el programa pasa por un momento de estabilidad tras sus dos primeros años y no genera problemas para este colectivo, muy reacio a la burocracia. De hecho, el subdirector xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento, Francisco López Rois, asegura estar orgulloso de una medida que han imitado comunidades como Aragón o Valencia. El real decreto del Gobierno quitó el derecho a la asistencia sanitaria no urgente a los inmigrantes irregulares excepto a los menores de edad y embarazadas, así como otros colectivos más específicos – víctimas de trata de seres humanos o de protección internacional – , de ahí que en este programa se inscriban únicamente adultos, la mayoría de países sudamericanos o del Magreb. En todo caso, sigue siendo imprescindible que lleven empadronados al menos 183 días y aleguen ausencia de recursos económicos.

En un principio, se hablaba de que en torno a tres mil simpapeles utilizaban la sanidad pública gallega, aunque López Rois sostiene que «no debe de haber mucha gente que se encuentre en situación irregular y no esté en el programa», exceptuando aquellos que llegan a Galicia por primera vez. El Sergas no ha realizado ningún tipo de estudio o estadística sobre qué tipo de servicios utilizan los usuarios o si son asiduos a los centros de salud, «porque no queremos establecer ninguna diferencia con el resto de pacientes del sistema. Tienen una atención normalizada, y seguramente tendrán las mismas demandas que otros en función de la edad o sus condiciones de salud», explica.

Uno de los problemas que tienen los inmigrantes irregulares que forman parte del programa es que deben renovar su solicitud cada año. Desde el Sergas insisten en que es un trámite casi automático, ya que si no lo solicitan de motu proprio, en el momento en el que el paciente extranjero vuelve al centro de salud solo tiene que cubrir un impreso. «Nosotros fomentamos que se renueve porque queremos saber si están en el programa y desde el Foro Galego da Inmigración ya nos han transmitido que hay que huir de preguntas que no son imprescindibles, y estas son, nombre, apellidos y localización», apunta López Rois.