gasteiz – La regulación aprobada por el PP ha suscitado las quejas y preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, ACNUR, la Abogacía Española, académicos y más de 120 ONG y colectivos que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho internacional de los Derechos Humanos.

La más sonada de estas reacciones ha sido la de la Iglesia, que ha exigido la “retirada inmediata” de esta regulación en un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su “enérgico rechazo” ante esta iniciativa porque, a su juicio, “pretende legitimar las expulsiones sumarias” en la frontera sur y “criminaliza la pobreza y la movilización social”.

“La aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de frontera sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes”, señalaron.

el ministro practicante Ante estas afirmaciones, el ministro responsable del ramo, Jorge Fernández Díaz, católico practicante reconocido, recordó que España es un “estado aconfesional” en el que existe una separación de la Iglesia y el Estado. Además, este mismo jueves retó a quienes “desde despachos del norte de Europa o desde otros lugares dan lecciones de humanitarismo” a facilitarle una “dirección” a la que enviar a los inmigrantes para su acogida.

“Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía”, declaró en una entrevista televisiva para después, en los pasillos del Congreso, añadir: “Que digan a cuántas de esas personas están dispuestos a acoger comprometiéndose a darles un puesto de trabajo adecuado y que las van a mantener y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones”.

Desde la presentación de su primer borrador hace ahora algo más de un año, la Ley de Seguridad Ciudadana ha estado envuelta en polémica por las quejas suscitadas entre partidos políticos y colectivos sociales, que la bautizaron como Ley Mordaza. Entre los planes iniciales del Ministerio del Interior se incluía sancionar con hasta 600.000 euros – la multa más alta – a quienes participasen en protestas ante el Congreso sin la autorización de la Delegación del Gobierno. Finalmente un total de 33 infracciones han sido modificadas (14) o directamente eliminadas (19). – DNA