BILBAO – Contra la ley mordaza. Democracia, la ciudadanía no te olvida reza el lema de quienes reprueban una Ley de Seguridad Ciudadana que el PP aprobó ayer en el Congreso a golpe de mayoría absoluta, en medio de un alud de protestas, y que la oposición en bloque promete derogar cuando cambien las mayorías. Se trata de un proyecto legislativo que ha concitado el rotundo rechazo tanto de la sociedad civil, así como de sindicatos policiales y de la inmensa mayoría de fuerzas políticas, que utilizó calificativos como “ley mordaza”, “de patada en la boca” o, incluso, de retorno a la ley franquista de 1959, al considerar que limita los derechos fundamentales de manifestación y expresión de los ciudadanos y da potestad a Interior para multar “libremente” en las manifestaciones sin respetar las garantías jurídicas de los ciudadanos.

De esta manera, las multas de 600 a 30.000 euros por tratar de impedir un desahucio, por no identificarse ante un agente de policía, desobedecerle o por difundir imágenes de antidisturbios, incluso golpeando a un manifestante, pueden convertirse en habituales a principios de 2015, cuando se prevé que sea finalmente aprobada tras el trámite en el Congreso y, más adelante, en el Senado. Se han introducido otros cambios livianos respecto al anteproyecto, como rebajar de grave a leve el conocido “botellón”, de forma que será multado con hasta 600 euros; y no se considerará infracción la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

El debate se centró en la intención del Ejecutivo de Rajoy de legalizar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, replicó las críticas vertidas por distintas instituciones estatales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONG, desatando una polémica mayor al asegurar que si le facilitan “una dirección” donde a “esa pobre gente” se les vaya a dar “manutención y trabajo, les enviamos para allá”, en alusión a los inmigrantes que malviven en el monte Gurugú, frente a la frontera de Marruecos. Y eso pese a que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, advirtió al Estado español de que legalizar las devoluciones de inmigrantes contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas. El PP suavizó el precepto contemplando el rechazo en la frontera cuando los inmigrantes intenten sobrepasar “en grupo” los elementos de contención o vallas, o las famosas concertinas.

“Aberración”, “locura política” o “ataque endemoniado” son algunos de los adjetivos que usaron los grupos en un intercambio con momentos de tensión y varias interrupciones por protestas. Tanto el PSOE como IU, e incluso ERC, se comprometieron a buscar acuerdos amplios para derogar la ley en la próxima legislatura, una vez que el PP pierda su actual mayoría. Hasta CiU, el único partido que defendió “cosas buenas” del articulado, también señaló que en el futuro habrá que cambiarlo “de arriba a abajo”.

El jeltzale Emilio Olabarria aseguró que la norma contradice la Constitución y tratados internacionales firmados por España, mientras que para Xavier Errekondo (Amaiur) “el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es mía”. Uxue Barkos (Geroa Bai) pidió al Ejecutivo de Rajoy que escuche a la sociedad y a la UE, cuyo comisario de Derechos Humanos aseguró que “España pretende hacer legal lo ilegal”. En la negociación de las enmiendas se aceptaron algunas propuestas de los grupos nacionalistas relativas a las competencias autonómicas en materia de seguridad de las comunidades con Policía propia.