Desde que el Gobierno anunció esta ley de seguridad ciudadana fue rechazada por todos los partidos de la oposición y ahora, según las encuestas, por más del 80 % de la población. Convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Esto es importante porque el ciudadano afectado tendrá que acudir a la vía administrativa y, una vez agotada, a la jurisdicción contencioso – administrativa, que está sujeta a tasas, que fueron establecidas por el actual Gobierno. En la vía penal no existen esas tasas. Por eso hay juristas que consideran que la ley limita el derecho constitucional de tutela jurídica efectiva. La ley establece duras sanciones para conductas como las manifestaciones ante el Congreso o las protestas con escaladas en edificios públicos, que pueden llegar a los 600.000 euros en los casos más graves. Pero si estos cambios normativos han provocado duras críticas, la regularización del rechazo en frontera de los inmigrantes, como la denomina Interior, que, según juristas, partidos y oenegés equivale a la devolución en caliente de los sin papeles a Marruecos, también ha sido juzgada con mucha severidad. Así, por ejemplo, José Palazón, responsable de Prodein, la oenegé más activa en Melilla en el ámbito de la inmigración, señaló gráficamente que «no se puede legalizar una ilegalidad». Sus defensores destacan, en cambio, que servirá para reducir la presión de la inmigración y dar seguridad jurídica a la Guardia Civil.