Logró separarse de su marido pero no escapar de él. Tras vivir varios episodios de maltrato y conseguir que el juez dictase una orden de alejamiento, la pareja de Rogia encontró la forma de seguir haciéndole daño: arrebatarle la casa en la que vive con su hija de ocho años.

«Él no quiere la custodia de la niña, sólo quiere verla los fines de semana. Ni siquiera quería que ella estuviera aquí», explica Rogia con voz nerviosa al otro lado del teléfono. Cuando decidió poner fin a la convivencia con su marido, la mujer mandó a la pequeña a pasar unos meses con su familia a Sudán para alejarla de los problemas. A finales de verano, ante el inminente comienzo del curso escolar, fue a buscarla.

Sin embargo, para poder subirla a un avión y traerla de vuelta a Tarazona (Zaragoza), Rogia necesitaba contar con la firma del padre –también de origen sudanés–, algo que éste se negó a concederle. «Tuvimos que viajar en autobús hasta Eritrea y de ahí coger un avión a Europa». No había vuelos directos con España, así que pusieron rumbo a Suecia y, de ahí, «tras pedir dinero a algunos amigos», regresaron a España.

Mientras ellas vivían este trance, su marido aprovechó para denunciarla por ocupar el domicilio conyugal. La notificación que Rogia no recibió la citaba para personarse en un juicio que se celebraba al mismo tiempo que ella intentaba regresar a España con su hija.

Las dos retomaron sus vidas ignorando lo que las esperaba. «Una mañana llevé a la niña al colegio como todos los días y, al volver, me encontré la cerradura cambiada». Fueron sus vecinos los que le explicaron que había sido la Policía. Así fue cómo averiguó que su casa ya no era suya.

En aquel juicio, en el que ella no pudo explicar que sobre el hombre que quería echarlas a ella y a su hija a la calle pesaba una orden de alejamiento por malos tratos, se dictó que las dos fueran objeto de un desahucio en precario.

A diferencia de otros desahucios motivados por la falta de pago, éstos se producen cuando el dueño de un inmueble cede su uso a alguien de forma gratuita por un tiempo determinado y, superado este plazo, el inquilino se resiste a marcharse. «Yo tengo el mismo derecho que él», defiende. «Cuando compramos la casa, yo no tenía papeles, así que la pusimos a su nombre. Luego teníamos que cambiarlo, pero él me engañó».

«Él lleva 15 años trabajando en Tarazona y no le pasa ni un duro», explica Fernando Escribano, de Stop Desahucios. Rogia y su hija subsisten gracias a las ayudas sociales y al apoyo de los vecinos. «En un pueblo como éste, de 10.000 habitantes, su historia ha calado mucho».

«Éste es un caso insólito», dice Escribano, que ya se ha topado con expedientes similares que se han saldado de forma favorable para las víctimas del maltrato. «Este desahucio es otra forma de violencia contra ella». La organización ha presentado hasta seis requerimientos. Ayer mismo se personaron en el Juzgado de Tarazona en un último intento de que frenasen este alzamiento «kafkiano» en virtud del acuerdo al que llegó el Gobierno de Aragón con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013 para proteger a los desahuciados en riesgo de exclusión.

Tuvieron que irse de allí sin una respuesta, pero con la promesa de que la obtendrán antes de que se cumpla la fecha límite para el desalojo. Un margen extremadamente estrecho, dado que el plazo expira hoy a las 12.00 horas.

«Solo les pedimos que nos den más tiempo», dice Escribano. Al menos hasta el 18 de febrero, fecha en el que se celebrará la vista del divorcio y presumiblemente concederán la custodia a la madre. Entonces Rogia podrá residir junto a su hija en el domicilio familiar con el aval de la Justicia. Si los malos augurios se cumplen, las dos tendrán que trasladarse a una casa de acogida habilitada por los servicios sociales. «A mi hija le he dicho que nos vamos a mudar. Es una niña, no tiene por qué enterarse de nada de esto».