Unos ven ilegal esta controvertida medida y otros la aplauden por atender especificidades de las fronteras de Ceuta y Melilla

La enmienda del PP para que por la ley de Seguridad Ciudadana se cambie la de Extranjería y se dé cobertura legal a lo que unos llaman devoluciones en caliente y otros rechazos en frontera, es una medida controvertida que unos ven ilegal y otros aplauden por atender especificidades de las fronteras de Ceuta y Melilla.

Y es que son las dos ciudades autónomas los únicos territorios españoles que poseen una frontera terrestre con un país no miembro de la Unión Europea (UE), Marruecos, dentro de un continente, el africano, que supone el principal «emisor» de inmigrantes hacia Europa.

A la espera de que se complete el trámite parlamentario y se proceda a la aprobación definitiva, la disparidad de opiniones que despierta la medida también cobra fuerza en Melilla, que vive una extrema presión migratoria que ha hecho que en 2014 se hayan batido todos los récords en cuanto a entradas de inmigrantes se refiere.

Las reacciones que la medida ha provocado, con instituciones y organizaciones a favor y en contra, también cuenta con disparidad de criterio, incluso, entre los guardias civiles, a quienes corresponde la defensa del vallado perimetral y tienen la obligación de repeler las entradas masivas de subsaharianos.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) valora que, con la enmienda, se quiera dar seguridad jurídica a los agentes, pero considera que ello no debe ir en detrimento de los derechos de los inmigrantes, una postura complicada que esperan resolver a partir de los pronunciamientos de los tribunales, fundamentalmente los internacionales.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), en cambio, lo tiene más claro y considera que la enmienda impulsada por el PP sirve para disipar cualquier tipo de duda ante una situación que no venía recogida en ninguna ley, que es un intento de entrada irregular por un punto no habilitado.

El Gobierno melillense, del PP, considera que esta modificación puede ser una solución a la fuerte presión migratoria que padece la ciudad, ya que atiende las especificidades que se producen en las fronteras de Ceuta y de Melilla y que no tienen nada que ver con las que se pueden dar en un aeropuerto, donde también hay rechazos de inmigrantes.

En contra de esta opinión, el secretario general del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, cree que la «ambigüedad» de la enmienda va a genera más problemas de los que va a resolver a los agentes del instituto armado que es, en teoría, de lo que se trata.

Más contundente se muestra José Palazón, el máximo responsable de Prodein, la ONG más activa de Melilla en el ámbito de la inmigración, que considera que «no se puede legalizar una ilegalidad», algo por lo que, cree, España terminará pagando «un precio muy alto».

Sea cuál sea la denominación que se emplee, devoluciones o rechazos, la polémica existe, sobre todo, cuando la inmigración se emplea, según se denuncia desde distintos ámbitos, como arma arrojadiza, que cambia de vertiente y de postura, dependiendo del Gobierno de turno.