El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de de Seguridad Ciudadana. Esto implica la legalización de las devoluciones en caliente en la línea fronteriza de Ceuta y Melilla. Finalmente, y prese a las presiones de distintos colectivos, el rodillo de la mayoría absoluta del PP ha conseguido imponer su voluntad, frente al rechazo unánime de toda la oposición que ha recordado al Gobierno que dar cobertura a este tipo de expulsiones es ilegal, inconstitucional y contraviene varios tratados internacionales. Era el penultimo escalón. Ahora viajará al Senado para que quede aprobada definitivamente.

La enmienda que incluyó el Partido Popular a última hora en la Ley de Seguridad Ciudadana ampara legalmente las devoluciones en caliente. Esto es, da cobertura legal para que la Guardia Civil pueda expulsar de forma inmediata a inmigrantes a los pies de las vallas de Ceuta y Melilla, terminado así en manos de los gendarmes marroquíes sin que medie el procedimiento de identificación ni los expedientes administrativos que contempla la Ley de Extranjería. Una práctica ilegal, que según las ONG se viene realizando desde al menos 2005.

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”, afirma el texto de la enmienda modificada.

En el Pleno, todos los grupos de la oposición que han intervenido han trasladado al PP su rechazo a esta legalización de las devoluciones en caliente porque consideran que es contrario a “todo el ordenamiento jurídico”, tanto nacional como internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos.

PSOE, Izquierda Plural y ERC se han comprometido a derogar la ley en cuanto cambie la mayoría parlamentaria del PP y, además, los socialistas han anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. CiU, por su parte, ha apostado por cambiarla en el futuro porque ve necesaria una ley de seguridad ciudadana, si bien distinta a la presentada por el Gobierno, según informa Europa Press.

Para el diputado del PSOE Antonio Trevín, es un “error” el proceso por el que se han regulado las “devoluciones en caliente”, al haberse introducido en la ley a través de una enmienda del PP y sin contar con los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ al tratarse de un tema referente a Derechos Humanos.

Por parte de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado duramente la legalización del rechazo en frontera que, según ha lamentado, ya se está realizando aunque no está aprobada la ley. Ha condenado el “terrible comportamiento” que a su juicio están ejerciendo en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Toni Cantó, de UPyD, ha lamentado que el Gobierno vaya a legalizar el rechazo en frontera cuando según las organizaciones internacionales se trata de una medida “ilegal”, contraria, por ejemplo, contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos o contra la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. En cambio, desde el Grupo Popular, Conrado Escobar ha leído en alto la enmienda, a su juicio “exquisita y prudente desde cualquier punto de vista” y que además regula “lo que necesita Ceuta y Melilla” para proteger la frontera.

Diversos organismos e instituciones, como las ONG, la Iglesia, la Unión Europea y la ONU, han levantado la voz contra esta disposición. Consideran que contraviene la propia Constitución española, la Ley de Extranjería, tratados europeos y acuerdos de carácter internacional. “Se convertiría en legal lo que es ilegal”, resumen.

Más de un centenar de ONG, como CEAR o Médicos del Mundo, presentaron ante el Congreso un escrito en el que apelaban al PP para que diera marcha atrás. Argumentan que las devoluciones en calienten no protegen el derecho de asilo: los inmigrantes, al ser expulsados de forma express, no podrán acceder a asistencia letrada ni presentar sus motivos para conseguir el estatuto de asilo.

A esto, las ONG añaden que la reforma solo se puede llevar a cabo si se modifica la Constitución. Y es que la Carta Magna obliga en el artículo 10.2 al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, algo que no se estaría cumpliendo. Organismos como ACNUR recuerdan que la enmienda desoye la Convención de Ginebra, el Estatuto de los refugiados de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

La Unión Europea también ha aleccionado al Gobierno español sobre la ilegalidad de sus intenciones. El Comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha advertido de que contradiría la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

También la Abogacía española ha mostrado sus dudas sobre la legalidad de la enmienda, mientras que la Iglesia ha exigido la retirada inmediata de la reforma al entender que se está "criminalizando la pobreza”. Unas palabras que irritaron sensiblemente al Ministro del Interior, confeso devoto de la institución católica.

Los cauces que ha seguido el PP para aprobar esta enmienda han irritado a los detractores: aseguran que al haberse incluido la enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana y no en la Ley de Extranjería – que no se estaba debatiendo – el PP ha conseguido eludir los informes preceptivos de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este último, un total de 120 ONG han pedido que tome partido y frene la tramitación.