El Pleno del Congreso de los Diputados, con los votos del PP y de sus socios
electorales de UPN y PAR, ha enviado al Senado el proyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana, una norma que entre otros cambios, contiene una reforma de la Ley de
Extranjería para legalizar la devolución sobre la marcha a Marruecos de los
inmigrantes que sean interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla.

MADRID. La norma ha sido debatida y aprobada de nuevo en el hemiciclo porque tiene
carácter orgánico, aunque el pasado 24 de noviembre ya recibió el visto bueno de
la Comisión de Interior del Congreso, de nuevo, con el respaldo de los 23
representantes en la misma del Grupo Popular.

El ministro Jorge Fernández Díaz ha estado presente durante el debate de la
ley, que ha durado cerca de dos horas y en el que se han producido un par de
episodios llamativos como la intervención de la ‘Solfónica’, el coro del 15M que
ha entonado la canción del pueblo de Los Miserables, segundos antes de la
intervención del diputado del PP, así como el ‘cortejo fúnebre’ simulado por los
diputados de IU, que se han amordazado durante unos segundos.

El proyecto que ahora viaja al Senado introduce una nueva figura jurídica en
la Ley de Extranjería que se denomina “rechazo en frontera”, mediante una
disposición adicional que fue incluida con una enmienda del Grupo Popular
durante la primera fase de la tramitación, saltándose así su paso por los
órganos consultivos.

Esta figura, que será aplicable sólo en Ceuta y Melilla, ampara la devolución
a pie de valla a Marruecos de los inmigrantes interceptados, sin que medien el
procedimiento de identificación ni los expedientes administrativos que contempla
para tal fin la Ley de Extranjería.

“CONTRARIO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO”

Todos los grupos de la oposición que han intervenido han trasladado al PP su
rechazo a esta legalización de las devoluciones en caliente porque consideran
que es contrario a “todo el ordenamiento jurídico”, tanto nacional como
internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y
que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos.

PSOE, Izquierda Plural y ERC se han comprometido a derogar la ley en cuanto
cambie la mayoría parlamentaria del PP y, además, los socialistas han anunciado
su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. CiU, por su parte,
ha apostado por cambiarla en el futuro porque ve necesaria una ley de seguridad
ciudadana, si bien distinta a la presentada por el Gobierno.

Para el diputado del PSOE Antonio Trevín, es un “error” el proceso por el que
se han regulado las “devoluciones en caliente”, al haberse introducido en la ley
a través de una enmienda del PP y sin contar con los informes preceptivos del
Consejo de Estado y del CGPJ al tratarse de un tema referente a Derechos
Humanos.

Mientras, Feliu Joan Guillaumes, de CiU, considera que la regularización del
rechazo en frontera es un motivo suficiente para no apoyar esta normativa.
“Entendemos que una democracia sólo se justifica si se comporta como tal”, ha
apostillado.

Emilio Olabarria, del PNV, ha alertado de que esta medida contradice las
normas internacionales y se trata de personas que quieren entrar en España “en
busca de una vida mejor”.

Por parte de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado duramente la
legalización del rechazo en frontera que, según ha lamentado, ya se está
realizando aunque no está aprobada la ley. Ha condenado el “terrible
comportamiento” que a su juicio están ejerciendo en el perímetro fronterizo de
Ceuta y Melilla los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Toni Cantó, de UPyD, ha lamentado que el Gobierno vaya a legalizar el rechazo
en frontera cuando según las organizaciones internacionales se trata de una
medida “ilegal”, contraria, por ejemplo, contra el Convenio Europeo de Derechos
Humanos o contra la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

“DA MÁS SEGURIDAD
JURÍDICA”

Desde el Grupo Popular, Conrado Escobar ha procedido a leer en alto la
enmienda, a su juicio “exquisita y prudente desde cualquier punto de vista” y
que además regula “lo que necesita Ceuta y Melilla” para proteger la
frontera.

“Una cosa es entrar y otra intentar entrar y es lo que se regula y se
consigue con más claridad, dar más apoyo a quien protege las fronteras, más
seguridad jurídica. Apenas el 1% de inmigrantes solicitan asilo y pese a todo
vamos a poner esa oficina para asilo en la frontera”, ha defendido, recordando
que Ceuta y Melilla son los pasos “más transitados”.

Respecto a la preocupación mostrada desde Bruselas por la regulación de esta
medida, Escobar ha alertado que una cosa son “los despachos de Bruselas” y otra
es trabajar in situ desde la valla.

QUEJAS INTERNACIONALES

Esta regulación ha suscitado las quejas y preocupaciones del Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Comisión
Europea, ACNUR, la Abogacía Española, académicos y más de 120 ONG y colectivos
que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar
frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho
internacional de los Derechos Humanos.

La más sonada de estas reacciones ha sido la de la Iglesia, que ha exigido la
“retirada inmediata” de esta regulación en un comunicado avalado por la
Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su
“enérgico rechazo” ante esta iniciativa porque, a su juicio, “pretende legitimar
las expulsiones sumarias” en la frontera sur y “criminaliza la pobreza y la
movilización social”.

“La aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de
este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de ‘frontera’ sinónimo
de un territorio donde los derechos humanos están ausentes”, señalaron.

Ante estas afirmaciones, el ministro responsable del ramo, Jorge Fernández
Díaz, católico practicante reconocido, recordó que España es un “estado
aconfesional” en el que existe una separación de la Iglesia y el Estado. Además,
este mismo jueves ha retado a quienes “dan lecciones” de humanitarismo a
facilitarle una “dirección” a la que enviar a los inmigrantes para su
acogida.

“Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y
garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos.
Pero hay mucha hipocresía”, ha declarado en una entrevista televisiva para
después, en los pasillos del Congreso, añadir: “Que digan a cuántas de esas
personas están dispuestos a acoger comprometiéndose a darles un puesto de
trabajo adecuado y que las van a mantener y si no lo hacen, que se callen y den
menos lecciones”.