La Fiscalía Superior de Galicia ha concedido de plazo lo que queda de mes para que el conflicto gitano originado en Tui y O Porriño se resuelva de forma amistosa y consensuada entre las partes antes de ejercer la acción penal por coacciones y amenazas por el presunto destierro del colectivo de vendedores ambulantes conocido como los zamoranos. Es el acuerdo al que llegó ayer la Fiscalía con Sinaí Giménez, presidente de la Sociedad Gitana de Galicia, después de que este prestase declaración como denunciado por coacciones y amenazas contra los zamoranos.

El líder gitano negó esas amenazas y coacciones. «Nunca han existido», aseguró tras declarar durante más de una hora y media ante el fiscal José Ramón Piñol y en presencia del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela. Giménez estuvo asistido por el abogado Cándido Conde – Pumpido Varela, que recientemente defendió al juez Elpidio Silva.

El abogado aseguró que «no ha existido ningún procedimiento de destierro, ni ninguna coacción para ese destierro. No hay denuncia de ninguno de los supuestamente coaccionados». Y sostuvo que «el origen del conflicto social que se ha generado está en la concejala de Tui, Olga Montes, que ha propiciado un enfrentamiento entre dos divisiones de la familia gitana». Afirmó que esa concejala había ocasionado el enfrentamiento al no atender «una reivindicación hacia ella, y se han sentido agraviados unos frente a otros», concluyó el letrado de Sinaí Giménez.

Insistió Conde – Pumpido Varela en que «no ha existido ningún tipo de coacción, ni amenaza, ni destierro». Y fue un paso más allá al decir que «no se ha desterrado a 400 personas, y muchas familias que se dicen desterradas siguen viviendo en sus casas», y que si sus hijos no se han escolarizado ha sido «como forma de presión para que se solucionase el conflicto». Para resolverlo, el abogado sugiere que «igual el derecho penal no es el más adecuado, porque la paz social no se suele conseguir en la etnia gitana persiguiendo y criminalizando a posibles responsables, sino intentando llegar a acuerdos y negociaciones».

En todo caso, la Fiscalía gallega, que tiene en su poder los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre las amenazas y el presunto destierro, ha dejado claro que el acuerdo extrajudicial solo puede pasar por permitir a los ambulantes trabajar en libertad y garantizar su incorporación inmediata a los mercados locales. La Fiscalía solo avalará el pacto si el colectivo afectado puede darse de alta como autónomo al margen de la cooperativa de ambulantes.

Vuelta al colegio

Mientras, los más de cien alumnos de etnia gitana que desde el jueves faltaban a clase regresaron ayer al colegio en Tui y O Porriño, informa M. Torres. Habían vuelto al colegio el día 1 de diciembre tras un mes fuera de Galicia, pero lo abandonaron de nuevo por el conflicto entre zamoranos, castellanos y gitanos. El alcalde de Tui, Moisés Rodríguez, confirmó esta buena noticia que confía sea el preámbulo de la resolución de este grave problema. Resaltó que «es un conflicto que afecta a toda la sociedad y no se limita solo a Tui».