El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha contestado a las críticas vertidas por distintas instituciones nacionales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONGs sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente que si le facilitan “una dirección” donde a “esa pobre gente” se les vaya a dar “manutención y trabajo”, les envía para allá.

“Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía”, ha dicho en una entrevista en Antena 3, en relación a los migrantes que malviven en el monte Gurugú, frente a la frontera de Marruecos.

La futura ley de Seguridad Ciudadana vuelve hoy al pleno del Congreso con el apoyo del PP, que defiende la plena constitucionalidad del proyecto frente a la oposición que, en bloque, rechaza la norma, que califica como “mordaza” y que promete derogar cuando cambien las mayorías.

El pleno aprobará con el previsible respaldo en solitario del PP el dictamen del proyecto, aprobado el 25 de noviembre en la comisión de Interior, después de incorporar en el debate de la ponencia decenas de enmiendas al texto (se presentaron más de 270).

Antes de que el trámite de la futura norma continúe en el Senado, una de las propuestas más polémicas de esta ley regresará hoy al debate: la enmienda del PP para, a través de esta ley de Seguridad Ciudadana, se modifique la de Extranjería y se de cobertura legal a las llamadas “devoluciones en caliente”. La enmienda, que generó un gran revuelo, fue suavizada por el propio PP en la discusión parlamentaria, de forma que el precepto contemplará que el rechazo en frontera de los inmigrantes solo se lleve a cabo cuando intenten sobrepasar “en grupo” los elementos de contención o vallas.

Fernández Díaz respondía así sobre las denuncias reiteradas contra la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes que sean interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla, práctica que se legalizará mediante una reforma de la Ley de Extranjería introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que el Congreso va a enviar este jueves al Senado para seguir su tramitación.

“Desde despachos del Norte de Europa que no tienen este problema, desde el centro de Europa o desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo yo les diría que me den esa dirección y que enviamos a esta gente, eso sí, con el compromiso de que les van a mantener y que les van a dar un puesto de trabajo adecuado a su dignidad y a sus competencias”, ha reiterado Fernández Díaz.

“Hipocresía”

En su opinión, “hay mucha hipocresía”. “Si el problema se resolviera cogiendo a esa pobre gente que está en el Gurugú delante del perímetro fronterizo de Melilla o fuéramos a Ceuta y cogieramos a los miles de personas inmigrantes ilegales y los metieramos en España y así arreglásemos el problema, le aseguro que yo lo hacía mañana”, ha asegurado.

Sin embargo, según ha dicho, “el problema es que el efecto llamada sería de tal magnitud que centernares de miles de inmigrantes que buscan un mejor futuro que el que tienen en sus países de origen vendrían” y España “tiene la capacidad de acogida que tiene”. “Yo comprendo esos dramas humanitarios, cómo no los voy acomprender, pero no acepto que nadie se considere que tiene unos sentimientos humanitarios superiores a mi, y tampoco inferiores. No acepto lecciones de humanitarismo por parte de nadie”, ha zanjado.

Asegura que no hay alternativas

El ministro ha insistido en “negar el concepto de devolución en caliente” y ha asegurado que en las ciudades autónomas, “lugares que no tienen comparación posible con otras zonas de España y de Europa”, el objetivo es “simplemente, algo tan elemental y tan complejo allí como es intentar impedir que se entre ilegalmente” en España.

“Diría que si alguien tiene una solución distinta de la que nosotros proponemos para cumplir lo que dice la ley, que a España hay que entrar legalmente por los pasos fronterizos habilitados al efecto y no ilegalmente ni masivamente y en no pocas ocasiones violentamente; si alguien tiene una fórmula distinta de operar a como lo hace la Guardia Civil que nos lo diga. Hasta ahora nadie ha sido capaz de decírnoslo”, ha asegurado.

Además, ha defendido que el objetivo es “garantizar la inviolabilidad de las fronteras” algo a lo que España tiene “el derecho y el deber” y “un plus de responsabilidad” por ser también frontera exterior de la Unión Europea. “Las fronteras delimitan el territorio y el territorio va intimamente unido a la idea de soberania. Tenemos el derecho y el deber de defender nuestra soberanía”.