Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cáritas y Acción en Red acusaron ayer al Gobierno canario de “vulnerar un derecho humano básico” al retirar su tarjeta sanitaria a 48.000 inmigrantes que, según sus cifras, han quedado excluidos del servicio de salud.

A estas personas se les retiró su tarjeta en aplicación de un decreto del Gobierno central que entró en vigor en septiembre de 2012, con lo que quedaron apartadas del sistema sanitario público incluso a pesar de que en las islas se creó otra especial para inmigrantes que demostraran carecer de recursos. Según las ONG, la tarjeta especial habilitada en Canarias ofrece muchas menos prestaciones y conseguirla resulta muy difícil. Así lo aseguraron representantes de todas ellas durante una protesta que llevaron ayer a cabo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Las Palmas de Gran Canaria ante la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno, donde pidieron la dimisión de la titular del departamento, Brígida Mendoza (CC).

En esta consejera personificaron la responsabilidad política que opinan que ha asumido el Gobierno canario, al aplicar la normativa estatal que estableció que desde septiembre de 2012 se excluyera de la sanidad pública a los extranjeros que residen irregularmente en el territorio español.