Diputados de Izquierda Plural se pusieron mordazas durante el pleno para protestar por la normativa aprobada por el Gobierno
El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana pasó su trámite en el Congreso con el único apoyo del PP y el rechazo en bloque de la oposición, al que se sumaron protestas para escenificar que se trata de una norma “mordaza” que pretende “acallar” la protesta ciudadana.
Ante la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que asistió al debate desde el banco azul del hemiciclo, todos los grupos parlamentarios salvo el PP votaron en contra del proyecto, que ahora tendrá que superar el trámite parlamentario del Senado antes de su aprobación definitiva.
No faltaron en el debate los “incidentes”. Así, el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, tuvo que pedir por dos veces a siete diputados de la Izquierda Plural que se despojaran de las mordazas blancas con las que se habían tapado sus bocas para expresar gráficamente su rechazo al texto, aprobado por 181 votos a favor y 141 en contra.
Cuando empezaba la intervención del portavoz del PP, Conrado Escobar, se pudo escuchar desde la tribuna de invitados “La canción del pueblo”, de la obra “Los Miserables”, interpretada por mujeres del grupo Solfónica, a las que Posada ordenó expulsar del hemiciclo.
Fernández Díaz, que no pudo quedarse a la votación porque tenía que acompañar a los Reyes a un acto en Barcelona, oyó por boca de los portavoces de la oposición las razones que les llevaron incluso a anunciar la derogación de la ley si el PP no repite en La Moncloa en la próxima legislatura.
“La calle no es suya. Ya sé que lo aprendió en otra época, pero es una desmesura”, le dijo al ministro el portavoz del PSOE, Antonio Trevín, para quien la ley es una “vuelta al estado policial” y acusó al PP de querer cercenar las libertades políticas y civiles con la “coartada” de la seguridad.
Trevín reprochó al PP que pretenda utilizar a los policías y guardias civiles en el control de la población, con “la ingrata obligación de ser la mordaza”. “No les devuelvan a un pasado que han superado con brillantez innegable”, rogó el diputado socialista.
Por CiU, su diputado Feliu – Joan Guillaumes expresó su rechazo a lo “más escandaloso” de esta ley: la enmienda introducida por el PP para legalizar las devoluciones en caliente. “Cuando alguien pone un pie en territorio soberano de un país que se proclama democrático, es ya una persona sujeta a derechos”.
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, fue tajante al afirmar que el Ejecutivo resucita con esta ley “el viejo tribunal de orden público” e instaura una nueva jurisdicción administrativo – penal con el ministro del Interior de “magistrado”.
Aprovechó para hacer un llamamiento a los agentes a que “si tienen que desobedecer órdenes” por razones humanitarias en las fronteras de Ceuta y Melilla, lo hagan,e inssistió en la “barbaridad legal” de lo que el PP aprobó este jueves 11 de diciembre.
Igualmente, Toni Cantó, de UPyD, censuró al PP por haber “errado una vez más el tiro” y poner “bajo sospecha” a los ciudadanos cuando son los gobernantes los que lo están.
Mientras, Emilio Olabarria, del PNV, consideró que el texto es “difícil de defender” y acusó al ministro de practicar una “resistencia numantina” con la legalización de las devoluciones en caliente, rechazadas por organismos internacionales y los convenios de derechos humanos, como también recordó la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.
Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, no ahorró críticas al “estado de excepción encubierto” que para él representa esta ley y que da “cobertura a las tropelías” políticas del Gobierno, mientras que Joan Tardà, de ERC, calificó el proyecto de una “escapada hacia la locura política y al estado autoritario que no tiene freno” dando “barra libre” a la Policía para que actúe como juez.
Una “auténtica espiral de restricciones de las libertades fundamentales” es para Rosana Pérez, del BNG, el texto, que es “innecesario e inútil” a juicio de Joan Baldoví, de Compromís, y que solo piden los que “añoran el tiempo del silencio de los corderos”.
Solo el PP, por boca de Conrado Escobar, defendió un texto “vanguardista” en la protección de derechos y libertades en el que se ha antepuesto “la responsabilidad a la comodidad, el interés general al desgaste y la obligación a la pasividad”.
“Todos contra el PP. No nos importa, porque nos asiste la razón y hacemos nuestro el compromiso con el más importante de los principios: el de la libertad”, concluyó Escobar.