«Que nos den la dirección y les enviaremos tranquilamente a esos miles» de inmigrantes ilegales, dice el ministro del Interior

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha retado este jueves a quienes desde «despachos del norte y centro de Europa» dan a España lecciones de derechos humanos y critican las «devoluciones en caliente» a que acojan a esos miles de inmigrantes ilegales. «Y si no lo hacen, que se callen», ha dicho.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Fernández Díaz ha respondido así a las críticas de algunos organismos internacionales a esas llamadas «devoluciones en caliente» de inmigrantes y ha asegurado que permitir que entraran en España por la frontera de Ceuta y Melilla agravaría más el problema porque generaría un «efecto llamada».

La solución para los miles de inmigrantes que pretenden entrar en España ilegalmente a través de Ceuta y Melilla debe resolverse, según Fernández Díaz, «entre todos» y en el marco de la UE bajo el principio de responsabilidad y solidaridad compartida.

Por eso el ministro, ha desafiado «a esas personas e instituciones que dan lecciones de derechos humanos continuamente, muchos desde despachos del norte y centro de Europa – ha dicho – , donde no están sometidos a ninguna presión migratoria» a acoger a los miles de inmigrantes irregulares que quieren entrar en España para estar en la UE.

«Les digo que estaremos encantados de atender sus peticiones y, si nos dan su dirección y se comprometen a atender a esas personas, mantenerlas y darles un puesto de trabajo adecuado, que nos den la dirección y les enviaremos ahí tranquilamente y con toda rapidez a esas miles de personas», ha exclamado.

Una invitación en la que ha insistido al afirmar que «en lugar de criticar permanentemente, que aporten soluciones y, sobre todo, que esa solidaridad la manifiesten con hechos, que digan a cuantas de esas personas están dispuestos a acoger». «Y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones», ha recalcado.

El titular de Interior ha defendido que España tiene el derecho y el deber de controlar sus fronteras y, como cualquier otro Estado, garantizar la integridad de su territorio y que todo el que entre en el país lo haga de manera legal por los pasos fronterizos habilitados al efecto.