El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no va a retirar la legalización de las devoluciones en caliente en el perímetro de Ceuta y Melilla porque es “obligación” de España defender su frontera, en respuesta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto.

Sixto quería saber si el Gobierno ha previsto retirar la legalización de las “devoluciones en caliente” ante las “durísimas críticas” tanto internacionales como nacionales, recordando entre otras las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Comisión Europea, ACNUR, o la Abogacía Española, por ejemplo, que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho internacional de los Derechos Humanos.

Entre estas reacciones, se encuentra también la de la Iglesia, que ha exigido la “retirada inmediata” de esta regulación en un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su “enérgico rechazo” ante esta iniciativa porque, a su juicio, “pretende legitimar las expulsiones sumarias” en la frontera sur y “criminaliza la pobreza y la movilización social”.

Se trata de disposición adicional introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que tras su aprobación en Comisión de Interior el pasado 25 de noviembre, será sometido al visto bueno del Congreso previsiblemente el jueves para su remisión al Senado, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

“Mi respuesta es que no la vamos a retirar y le digo más, ya que me cita tantas personas y tantas autoridades, el tratado de funcionamiento de la UE incluye a las políticas de control de fronteras, asilo e inmigración, y establece que se entenderán esas políticas sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los estados miembros, en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior”, ha insistido el ministro.

Según ha recalcado, se trata de una competencia de los estados miembros, en este caso de España, y la desarrolla tanto la directiva de procedimientos de asilo de 2005 como la de refundición de 2013 que recuerdan expresamente esta obligación de los estados miembros.

“Le digo que España está defendiendo porque es su obligación y derecho su frontera exterior, la frontera de límite al territorio, que va ligado a la idea de soberanía. Espero que no me diga que España tienen que renunciar a la españolidad de Ceuta y Melilla”, ha señalado.