El nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, juró su cargo ante el Rey en el Palacio de La Zarzuela ante la Biblia y un crucifijo, pese a que estos símbolos han pasado a ser optativos en atención a la libertad religiosa que decreta la Constitución. Casi a la misma hora, el actual ministro del Interior, Jorge Fernández – Díaz, un hombre muy pegado al catolicismo, esgrimía que “España es un Estado aconfesional en el que existe una separación Iglesia – Estado”, como argumento para rechazar el comunicado de la Conferencia Episcopal que exige la retirada de la reforma de la Ley de Extranjería, que legaliza las ‘devoluciones en caliente’. Toda una paradoja. Las creencias personales se cruzan, una vez más, con la acción de Gobierno y el papel de la Iglesia en defensa de los derechos humanos.

Alonso leyó la fórmula tradicional y juró –otros prometen– “guardar y hacer guardar la Constitución” ante un facsímil del texto original de la Carta Magna de 1978 editado en 1980 por las Cortes Generales, abierto por el título cuarto, que se refiere al Gobierno y a la Administración. En la mesa ceremonial destacaban, también y por voluntad expresa del nuevo ministro, un crucifijo y la Biblia, un ejemplar editado en Valencia en 1791 que fue propiedad de Carlos IV, que mostraba el capítulo 30 del Libro de los Números. El político vasco ha seguido los mismos pasos que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. El primero, sustituto de Gallardón, posó su mano izquierda sobre la Biblia, sin marcar distancias. El sustituto de Enrique López escogió el Libro de los Jueces. El protocolo sirve para que los nuevos cargos se retraten en esa esfera.

Y bien es cierto que en muchas ocasiones la actuación de agunas de estas personalidades no va en la misma dirección que marca sus creencias, incluso puede ir en la contraria. El ministro del Interior es un hombre de Iglesia, muy pegado a la doctrina tradicional, y se codea con obispos y cardenales. Incluso les ha defendido cuando han salido a la plaza pública cuando han arremetido contra sus adversarios políticos o cuando su discurso ha coincidido con sus coordenadas ideológicas. Pero ahora le ha irritado el documento eclesial.

El secretariado de la comisión episcopal de Migraciones, Cáritas, Justicia y Paz y la Conferencia de Religiosos Españoles firmaron un comunicado en el que exigen la «retirada inmediata» de la reforma de la Ley de Extranjeria –la vía escogida ha sido la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana– que legalizará la devolución sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Las entidades eclesiales expresan su «enérgico rechazo» a la iniciativa introducida en el último momento por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso –Alonso era el portavoz del PP en la Cámara baja–, que «pretende legitimar las expulsiones sumarias en la frontera sur» y “criminaliza la pobreza y la movilización social”. Esta defensa de los derechos humanos de los ‘sin papeles’ ha disgustado sobremanera a Jorge Fernández quien, en esta ocasión, no se ha acordado de aquella cita del Evangelio de Mateo que dice: “Fuí extranjero y me acogísteis”.

El ministro del Interior ha invocado la separación Iglesia – Estado y el ámbito de competencia de cada institución. Y aunque entiende que la Iglesia «ponga el acento en la misericordia y el aspecto humanitario», no acepta que «parezca que los demás no tenemos sensibilidad con los derechos humanos». Tampoco admite el concepto de ‘devoluciones en caliente’; prefiere hablar de ‘rechazo en frontera’. O sea que la Iglesia no tiene que intervenir en las decisiones políticas del ministro. En efecto, no se trata de ofrecer una visión maniquea de buenos y malos, sino de apostar por un ordenamiento respetuoso con los derechos humanos acorde con la dignidad de las personas. Lo que no sería de recibo en una sociedad democrática es la politización partidista de la Iglesia. Y este no parece el caso.

Obama y el Papa, también

Barack Obama ha promovido una reforma de la ley de inmigración para evitar la deportación de extranjeros sin permiso de trabajo en Estados Unidos y evitar la ruptura familiar de miles de hogares, una iniciativa que también tendrá que ver, seguro, con la caida de sus expectativas electorales. Uno de los primeros que salieron en su apoyo fue el arzobispo de Chicago. El pasado 18 de noviembre, en su homilía con motivo de su llegada a la archidiócesis, Blase Cupich, en sintonía con los obispos norteamericanos, reivindicó los derechos de los inmigrantes: sus feligreses suman 2,5 millones de católicos y casi un millón es de origen latinoamericano. Se mojó en esa espinosa cuestión como ahora lo han hecho en España –ya lo venían haciendo– los colectivos eclesiales.

Uno de los puntales de la nueva Iglesia del Papa Francisco tiene mucho que ver con los derechos de los inmigrantes. De hecho, uno de sus primeros gestos fue acudir a Lampedusa para defender la acogida de los miles de extranjeros que llegan a las costas italianas en busca de las migajas del Cuarto Mundo. En su reciente discurso en el Parlamento Europeo, el Pontifice puso especial acento en la inmigración: “No podemos tolerar que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio”, imploró con energía, frente a un estilo de vida «caracterizado por una opulencia insostenible e indiferente ante los más pobres». Un mensaje que tronó en Estrasburgo y en las conciencias de quienes se sientan en aquel hemiciclo. Y la primavera de Francisco parece que también comienza a florecer en la Iglesia española, de la que el ministro del Interior era un ferviente seguidor.