Cuando el 20 de noviembre Barack Obama anunció la gran amnistía sobre emigración, los republicanos reaccionaron de inmediato en contra. Los conservadores, que critican no tanto la ley en sí sino que el presidente haya prescindido del Congreso para aprobarla, anunciaron ese mismo día que lucharían con todas sus fuerzas para impedir su aplicación. Desde entonces estudian cómo oponerse, pero no dan con la fórmula. No porque no la haya, sino porque no se ponen de acuerdo entre ellos.

La razón principal de ese descuerdo es el voto latino. Aunque los republicanos aseguran que lo que rechazan es la forma en la que Obama ha cambiado el estatus de más de cuatro millones de inmigrantes, lo que ven los inmigrantes es que los conservadores atacan una legislación que les beneficia. Eso hace que algunos republicanos no acepten la fórmula que su partido propone para impedir la aplicación de la ley, una fórmula que pasa por aprobar en la Cámara de Representantes un presupuesto para el año próximo que deje sin fondos a las oficinas encargadas de llevarla a cabo.

Pero esa decisión tendría consecuencias. Por una parte, recordaría a los estadounidenses la última votación sobre el presupuesto en la que los republicanos obligaron a cerrar el Gobierno y que dejó a este partido con los niveles de popularidad más bajos de su historia. Y, además, el voto latino es muy importante en tres estados para las próximas presidenciales: Colorado, Nevada y Florida. Tres estados sin los que el candidato republicano difícilmente llegará a la Casa Blanca y que no conseguirá si los hispanos votan al demócrata. Esos dos hechos combinados han conseguido que los republicanos moderados se enfrenten a los miembros de su mismo partido más radicales y dispuestos a llevar las cosas hasta el extremo.

Mientras los conservadores discuten el camino a seguir, diecisiete estados denunciaron en los tribunales la orden de Obama por inconstitucional. El argumento de estos estados, liderados por Texas, es que el presidente no tiene autoridad para modificar el estatus migratorio de los extranjeros. Lo más sorprendente de esta maniobra es que dos de los 17 estados son demócratas. La razón es que, aunque sus gobernadores son del partido del presidente, los fiscales generales de esos dos estados, dos cargos por elección, son republicanos.