Bilbao – A partir del año que viene, las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia machista y que soliciten una ayuda directa al Gobierno vasco tendrán que esperar menos tiempo para obtener respuesta a su petición. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, anunció ayer que el 1 de enero de 2015 entrará en vigor la orden que modifica la normativa actual sobre ayudas a víctimas de malos tratos.

La nueva normativa incorporará mejoras en la atención a las víctimas y medidas como la reducción del plazo de respuesta de la solicitud, que pasará de seis a tres meses, la concesión de ayudas a víctimas menores de edad “siempre que estén emancipadas”, y la valoración de los procesos de reagrupamiento familiar en los casos de mujeres inmigrantes. Según explicó la directora de Servicios Sociales, Empleo y Políticas Sociales, Lide Amilibia, las ayudas directas del Gobierno vasco a mujeres víctimas de violencia machista tienen como objetivo facilitar a estas mujeres unos recursos mínimos de subsistencia que les permitan independizarse de su agresor y evitar situaciones de sometimiento por carecer de recursos económicos. Se trata de ayudas de pago único que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros, en función de la situación personal de cada víctima, ya que se valora si tienen personas a su cargo, entre otros aspectos.

Juan María Aburto, que compareció ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco a petición de la parlamentaria de EH Bildu Diana Urrea, informó de que su Departamento trabaja en la elaboración de una orden que mejore la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Además de acortar el plazo de respuesta a la solicitud de ayudas, la orden que entrará en vigor el 1 de enero establece que solo tendrán acceso a estas ayudas las menores de edad maltratadas que estén emancipadas y no las que vivan con sus padres.

También se reconocerá el derecho a modificar al alza la cuantía de la ayuda, cuando se trate de mujeres inmigrantes que hayan obtenido la reagrupación familiar de hijos, en los días siguientes a la solicitud de la ayuda.

medidas de protección En la comisión parlamentaria también compareció ayer la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, quien explicó los protocolos de la Ertzaintza en materia de violencia de género, que incluyen un sistema de evaluación de riesgos con cuatro niveles en función de la probabilidad de una nueva agresión que se revisa continuamente.

La consejera indicó que a 1 de diciembre, la Ertzaintza tiene abiertos 5.069 expedientes por violencia de género, de los que 3.662 (el 72%) han sido clasificados de riesgo básico; 1.090, moderados; 257, alto, y 60, con un riesgo especial (el 1,2%). Además están activos 990 teléfonos Bortxa, 34 mujeres tienen escolta permanente y hay treinta órdenes de alejamiento controladas con pulsera electrónica.

Las órdenes de protección en vigor actualmente afectan a 2.871 mujeres y 393 hombres (la mayoría hijos varones menores). En el presente año, la Ertzaintza ha recibido un total de 3.019 denuncias y 4.661 atestados, aunque muchos de ellos pueden corresponder a un mismo expediente. Respecto a la polémica por la presunta interposición de denuncias falsas, la consejera dijo que solo les consta un caso de este tipo, que se produjo el pasado año.

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