La muerte de un hincha del Deportivo a manos del Frente Atlético en las inmediaciones del Vicente Calderón ha obligado por fin al Gobierno y al fútbol español a mostrar más contundencia frente a la violencia y a endurecer su lucha contra los radicales. A partir de ahora y, en el plazo de tan sólo diez días (hasta el día 15 del presente mes), los clubes de Primera y Segunda División deberán romper sus relaciones con los grupos ultras, a los que tendrán que dar de baja como peñas oficiales, ya que en caso de colaborar «directa o indirectamente» con los violentos, podrán ser castigados con la pérdida de puntos e incluso con el descenso de categoría.

Esta es una de las medidas, la más drástica, ya que amenaza con sanciones deportivas a los clubes, incluidas entre las propuestas de un plan de choque adoptado este jueves por el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Federación Española de Fútbol (FEF). Todas ellas están encaminadas a intentar erradicar la violencia, «con el objetivo de que al final de la presente temporada, el panorama actual sea irreconocible», según reconoció el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. «En mayo tendremos resuelto el 80% del tema de los ultras. Serán expulsados los que pertenezcan a peñas violentas y se pide a los clubes que hagan todo lo posible por colaborar. Ningún club podrá tener un grupo ultra adscrito como peña oficial si está declarado como violento en el listado que será elaborado por la Policía», subrayó el presidente de la LFP, Javier Tebas.

«La ley no permite expulsar a un socio abonado de un club, pero sí serán expulsados los que pertenezcan a peñas ultras que participen en actos violentos», aseguró el máximo dirigente de la patronal de clubes tras una cumbre con dirigentes de la Administración y la FEF, con la anunciada ausencia de su presidente, Ángel Villar, ya que se encontraba en Suiza para un Comité Ejecutivo de la UEFA y «delegó» en los presidentes de las territoriales de Madrid, Castilla y León y Asturias. La Federación Española coincidió «plenamente» con todas las medidas acordadas por el CSD y por la Liga, aunque quiso aclarar que «en Segunda B y en categorías inferiores las posibilidades son distintas que en el fútbol profesional». Al menos, el presidente de la Madrileña, Vicente Temprado, sí se atrevió a declarar que «el presidente (Villar) tendrá que atajar el caso de Lendoiro», después de que el expresidente del Deportivo acudiese el miércoles al entierro del ultra de Riazor Blues y, acusado por Tebas de «cierta apología de la violencia», fue destituido como embajador de la Liga.

Tanto el máximo dirigente de la LFP como el secretario de Estado exigieron que todos los clubes sigan el camino emprendido por el Barcelona, el Real Madrid, y dos días antes por el Atlético, que decretó la expulsión de 15 ultras implicados en la batalla campal del domingo y decidió desvincularse del Frente. «Los clubes no podrán facilitar a los violentos cuartos en sus instalaciones en las que dispongan, por ejemplo, de pancartas, como tampoco podrán facilitar viajes ni suministrar entradas a estos grupos ultras», reclamó el secretario de Estado, quien también confirmó que a partir de ahora «se llevarán a cabo cierres parciales de los estadios (gradas en las que se instalan habitualmente los ultras)».

«El cierre parcial no está contemplado en el reglamento federativo, pero queremos que esto se sancione con dureza y se incorporará, como ya ha hecho la UEFA», garantizó Cardenal. «Se elaborará un reglamento para regular la venta de entradas a través de los clubes, y también se harán reformas tecnológicas en los estadios. En los tornos de las gradas visitantes y de animación se cambiarán por tornos de lectura digital y facial, y también se cambiarán las cámaras, que serán digitales, para permitir la perfecta identificación de todos los asistentes a los partidos», anunció por su parte el presidente de la Liga. También se intentará acabar con «una laguna» que existe hasta ahora en la legislación deportiva, «para reprimir la violencia verbal (cánticos y gritos injuriosos, racistas o xenófobos) que no se refleja en las actas arbitrales», por lo que se creará una nueva figura, la de un oficial especializado en Seguridad, «que deberá hacer llegar la información necesaria para acabar con esas conductas». «Los insultos, cánticos o expresiones rechazables y sancionables podrán derivar en cierres totales o parciales de gradas», advirtió Tebas.