Confesaba el presidente del Supremo que el Código Penal estaba redactado para enjuiciar a los “robagallinas”. Esa era la impresión de la ciudadanía en general, pero que lo afirme el máximo responsable de la justicia llama a la reflexión: Hacía referencia a las dificultades que existen para enjuiciar la “alta delincuencia”: políticos corruptos, defraudadores fiscales, gestores de bancos e instituciones de crédito y multinacionales. O sea que no existen instrumentos eficaces para enjuiciar y sancionar en su caso a los dirigentes de la política y la economía que incumplen sus funciones. Aunque en realidad hay que reconocer que el problema no es solo la carencia de una legislación adecuada y eficaz. Es el estamento judicial el que colabora con la forma de investigar y hacer las instrucciones; con las sentencias que redactan con parsimonia irritante y con exceso de garantías procesales que ya quisieran los robagallinas para sus causas. Pero, ¿quiénes son los robagallinas? Además de la pequeña delincuencia, están los desahuciados que pierden sus viviendas por no pagar las hipotecas, pero les queda el préstamo de por vida. Son los que protestan ante el Congreso pidiendo que no se privatice la sanidad o la educación y les reciben con amabilidad selectos y educados agentes de policía y guardias civiles a porrazos. Son jóvenes encausados por pertenecer a grupos que defienden los derechos humanos. Son mujeres que abortan fuera de los plazos que establecen los legisladores, ignorando que son ellas las directamente afectadas. Son los inmigrantes que saltan la valla de Ceuta y Melilla por el delito de querer acceder a tener una vida digna y sufren las heridas que les causan las concertinas y son devueltos a Marruecos en caliente. Son los parados que no declaran las chapuzas que les permiten sobrevivir y no morirse. Es el que pide una factura sin IVA para hacer una obra de su chabola a punto de derrumbarse. Es el guardaagujas del paso a nivel en los accidentes en los que los máximos responsables se libran de responsabilidades por medio de subterfugios legales que aplican sesudos y bien remunerados letrados o con un oportuno indulto. Para nuestra selecta delincuencia hay unos jueces serviles que son exquisitos con los procedimientos, junto a fiscales ingeniosos que defienden la inocencia de la monarquía, aplican con descaro la doctrina Botín o califican de errores la actuación de políticos que han causado con ellos y con su ignorancia la ruina del país y no responden como delitos como deberían. Decía José Martí “Robar a un rico no es robar, es un acto de justicia”.