ES EVIDENTE que la crisis económica iniciada en 2007 ha dado un vuelco a los movimientos migratorios en el mundo y, por tanto, en España. Así lo recoge, con cifras y estadísticas, el International Migration Outlook 2014, que difundió ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe proporciona una serie de datos que deberían ayudar a las autoridades a plantear las líneas básicas de la futura política de inmigración y de integración. En primer lugar, la OCDE constata el frenazo de entrada de inmigrantes que se ha producido en nuestro país durante la dura etapa de recesión. Si en 2007, España era, con 691.000 personas, la segunda nación desarrollada por la llegada de extranjeros, sólo superada por Estados Unidos, en 2013 hemos pasado al octavo lugar, con apenas 192.000 inmigrantes. En parte, esta caída se debe al endurecimiento de las políticas de inmigración, pero la causa fundamental es una crisis económica que frenó en seco el crecimiento de la actividad en los países receptores de personas.

La inmigración se mueve en función de las expectativas de conseguir trabajo. En el caso español, el auge se produjo en los años de la burbuja inmobiliaria, en la que se generaron millones de empleos en la construcción, pero la inmensa mayoría de ellos fueron temporales y de escasa cualificación profesional. Esto provocó que, cuando estalló la crisis, el colectivo inmigrante sufriera «desproporcionadamente» sus efectos. Entre 2007 y 2013, la tasa de paro entre los inmigrantes subió 26 puntos porcentuales, hasta el 36%, mientras que la de los nativos lo hizo en 17 puntos, hasta el 25,5% de la población activa. Esos porcentajes son más llamativos si tenemos en cuenta la masiva salida de extranjeros que se ha ido produciendo en esos años.

Según la OCDE, esta precariedad laboral, que puede llevar con una relativa facilidad a la exclusión social, es el principal reto al que se enfrenta el Gobierno español en relación con los extranjeros que viven en nuestro país, muchos de ellos ya nacionalizados. Por una parte, se encuentra la «empleabilidad a largo plazo de los inmigrantes poco cualificados». Por otra, «la necesidad de asegurar la efectiva y temprana integración en el sistema educativo» del «creciente» número de hijos de inmigrantes. En este punto, la organización concreta que hay que atajar la «concentración en ciertos colegios» de esos niños, a la vez que facilitarles en su momento la «transición de la escuela al empleo».

No podemos reducir el problema de la inmigración al causado por la llegada irregular de personas por la frontera de Ceuta y Melilla. Hay que pensar a medio y largo plazo y, como dice la OCDE, saber que toda política de inmigración necesita ser complementada con unas adecuadas medidas de integración que procure un adecuado desarrollo social en nuestro país a los extranjeros. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos –y sobre todo sus hijos– son ya nacionalizados españoles y tienen los mismos derechos que los nativos. Por eso fue irresponsable aquella política socialista de papeles para todos. Provocó una entrada masiva de personas y, a pesar del regreso a sus países de muchos de los que llegaron entonces, los que se quedaron tienen ahora muchas dificultades para vivir con dignidad. La integración efectiva de los extranjeros en la sociedad es ahora la mejor política de inmigración.