Bilbao – El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, advirtió ayer a la plataforma Ayudas+Justas de que si su objetivo es “recortar los derechos de las personas” no tendrán el respaldo de su Departamento.

La Plataforma registró ayer en el Parlamento Vasco la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada expresamente por el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, para modificar los requisitos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y, entre otros puntos, impedir el acceso a esta ayuda de los inmigrantes irregulares.

Aburto, que se refirió a esta cuestión en los pasillos del Parlamento Vasco, señaló que, aunque conoce “el origen” de esta iniciativa, sus promotores “no han aclarado si lo que se pretende es modificar la ley para limitar el acceso al sistema o mejorar la gestión del sistema actual”. “Si se pretende lo segundo me encontrarán en absoluta disposición de colaborar porque creo que mejorar el sistema significa legitimarlo. Pero si se pretende recortar el acceso y los derechos de las personas a mí no me van a encontrar en ese lado”, afirmó.

El texto de la ILP presentada ayer recoge buena parte de los puntos defendidos por Javier Maroto y el PP para modificar la ley que regula la RGI, pero también contiene algún planteamiento distinto. Por ejemplo, la Plataforma propone que se prohiba a los perceptores el envío de parte de la ayuda “fuera de la comunidad autónoma”. También pide que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes ilegales, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales.

Solicita también como requisito el empadronamiento en Euskadi al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud. – Efe