Los suizos volverán mañana a las urnas para votar en referendo si limitan el porcentaje de crecimiento de los emigrantes que residen en el país. No es la única propuesta que se les someterá a consulta, ya que también se pronunciarán sobre si quieren eliminar o mantener los privilegios fiscales de los que gozan los extranjeros ricos o sobre si el Banco Nacional amplía sus reservas de oro hasta, como mínimo, el 20 % de sus activos. Presenta, sin embargo, la peculiaridad de que tendrá una incidencia inmediata en Galicia, donde un número creciente de personas sopesan la posibilidad de sortear la crisis saliendo a trabajar al país helvético.

La iniciativa ha sido presentada por un grupo denominado Ecopop que presume de tener entre sus fines la preservación del medio ambiente poniendo un tope a la presencia de emigrantes para evitar, así, la superpoblación. En consecuencia con ello, pide que se inscriba en la Constitución una cláusula para que el aumento del número de inmigrantes permanentes no supere el 0,2 % anual, lo que equivale a unas 17.000 personas poco más o menos.

Tanto el Consejo Federal [Gobierno] como las dos cámaras parlamentarias han rechazado la propuesta que, en caso de prosperar, establece la obligación de invertir 125 millones de euros en programas de control de la natalidad en los países de los que provienen los emigrantes. Algunos argumentos que emplean son obvios: de la limitación de la inmigración no se sigue necesariamente la preservación del medio ambiente; y es pretencioso por parte de Suiza decidir lo que es bueno para los países en desarrollo. Tiene más peso el argumento de que la rigidez de los flujos migratorios sería contraria a las necesidades económicas del país, dado que los empresarios no podrían contar con el personal necesario cuando realmente lo requieren y porque muchos sectores dependen de mano de obra extranjera.

Pero el que puede inclinar el sentido de la votación se refiere al delicado estado de las relaciones entre Suiza y la UE. El Gobierno helvético recuerda que aún está en proceso de elaborar un proyecto de ley para establecer contingentes a la entrada de extranjeros al país, tal y como estableció el resultado del referendo del pasado 9 de febrero.

En esa ocasión, el 50,3 % de los suizos votaron a favor de limitar la entrada de todos los extranjeros [incluidos los ciudadanos europeos], como herramienta para frenar una supuesta «inmigración masiva», a través del establecimiento de cuotas anuales que se aplicarán en un plazo de tres años. El texto dio un plazo de tres años al Gobierno para adaptar las leyes, para lo cual no le queda otra alternativa que renegociar el acuerdo de libre circulación con la UE.

El pasado 8 de octubre el Gobierno suizo decidió entablar dichas negociaciones con la Unión Europea para lograr un acuerdo que permita al mismo tiempo mantener el espíritu de la iniciativa aprobada, tener en cuenta los intereses de la economía nacional, e intentar preservar las relaciones con Bruselas.