Inmigrantes sudamericanos y africanos
respaldaron ayer con su
presencia la presentación de la
plataforma social Ayudas más Justas
que a partir de enero comenzará
a recoger las 30.000 firmas que
se requieren para trasladar al Parlamento
Vasco una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) con la que
pretenden modificar la actual normativa
de ayudas sociales en
Euskadi. Los portavoces de este
grupo de ciudadanos, entre los
que comparecieron una joven de
origen ecuatoriano y un pastor
evangelista de Nigeria, negaron
tener ninguna vinculación con el
PP vasco pero reconocieron haber
mantenido una reunión previa con
el alcalde de Vitoria y parlamentario
vasco Javier Maroto. Fue el
propio Maroto quien adelantó la
puesta en marcha de una ILP el
pasado 13 de octubre.
La plataforma Ayudas más Justas
comenzará en enero la recogida de
los apoyos que requiere para que su
propuesta llegue al Parlamento Vasco
y el trabajo de recogida de firmas
coincidirá con la dura precampaña
electoral que se avecina en Euskadi
de cara a las elecciones forales y
municipales de mayo. Patxi Gómez,
portavoz de la plataforma, definió al
colectivo que ayer se reunión en Vitoria
como un grupo «abierto y plural
» y que comparte el objetivo de
«aglutinar el máximo apoyo ciudadano
en torno a una ILP que mejore
nuestro modelo de bienestar social
eliminando las deficiencias,
fraude y abusos que, en estos momentos,
se producen en la gestión
de las ayudas sociales y ampliando
la cobertura a personas que ahora
se quedan fuera».
Los impulsores de Ayudas más
Justas cuentan con una página
web www.ayudasmasjustas.org
con un decálogo de objetivos pero
anunciaron ayer que están recibiendo
propuestas para redactar
una ILP que no tiene por qué coincidir
con las propuestas concretas
realizadas por el alcalde de Vitoria
y parlamentario Javier Maroto
desde que el pasado mes de julio
denunciara los déficits de la actual
normativa de la Renta de Garantía
de Ingresos (RGI).
Pese a carecer de un documento
ya elaborado, Gómez sí que
abogó porque se permita a dueños
de pequeñas huertas o inmuebles
de escaso valor ser perceptores de
ayudas, una exención que favorecería
especialmente a jubilados
que puedan solicitar ver complementada
su pensión pero que ahora
están excluidos por ser dueños
de ese tipo de propiedades.
«Hay menos recursos como consecuencia
de la crisis y ello nos
obliga a ser especialmente escrupulosos
en la gestión del dinero público
para evitar los fallos que ahora
mismo presenta el sistema y que
han provocado una fuga en los tres
años de 86 millones de euros por
pagos indebidos, casi 21 millones
de ellos por fraude e irregularidades
», afirmó el portavoz de la plataforma
en un argumento que también
ha sido utilizado por Javier
Maroto ya que no sólo ha cuestionado
la normativa que regula estas
ayudas sino la gestión de las mismas
realizadas por el Gobierno
vasco desde Lanbide.
El portavoz del colectivo Ayudas
más Justas lamentó que este debate
social se esté utilizando por el
«juego político» desde intereses
electorales y justificó su creación
después de que en el Parlamento
Vasco los grupos de PNV, EH Bildu
y PSE-EE decidieran boicotear el
pasado 30 de octubre una iniciativa
parlamentaria impulsada por el
PP contra Lanbide y defendida en
la tribuna por el omnipresente Javier
Maroto. Sólo Gorka Maneiro
de UPyD le dió réplica.