En 1996, con 32 años, Carlos Mora emprendió un viaje desde Ecuador a Nueva York porque su trabajo de policía no le daba para alimentar sus dos hijos. «Quería un futuro mejor para ellos y para mí», explica, mientras rememora el sábado que llegó en autobús a la estación Grand Central de Manhattan, tres meses después de su partida y de haber atravesado Colombia, Panamá y Bahamas hasta llegar a Miami… «A Panamá fui con visado; luego, oculto en cajas, en un bote, y siempre con el coyote pidiendo dinero», recuerda desde una de las oficinas de la ONG Make the Road (haciendo el camino) de Nueva York. «Por fin veo la luz para salir de las sombras», dice lleno de satisfacción.

Con tres hijos nacidos en Estados Unidos (el mayor, de cuatro años), está feliz de poder dar ese paso para legalizar su estatus. Desde que llegó a la Gran Manzana no ha parado de trabajar, en una pizzería, en las Torres Gemelas y en una empresa de supermercados los últimos 11 años. ¿Cómo? «Haciendo cosas ilegales con las que no estoy de acuerdo», reconoce bajando la cabeza y subrayando que está dispuesto a pagar por su falta, porque quiere salir de la oscuridad, cueste lo que cueste, para salir a la calle tranquilo y sin miedo.

Carlos es uno de los inmigrantes que, casi dos décadas después, espera beneficiarse de la acción migratoria anunciada por Barack Obama y resolver su situación irregular. En Nueva York, hay miles de casos como el suyo, pero en Bushwick –un barrio al Brooklyn con alta densidad de población inmigrante y refugio de artistas–, más de un centenar han sido convocados por Make the Road para ver la intervención del presidente en Las Vegas y analizar la orden ejecutiva dada a conocer el jueves; después se celebrarán talleres para saber qué necesitan hacer para acogerse a estas medidas.

«Vamos a concienciar a la gente, ayudarles con las solicitudes evaluando quiénes pueden optar», explica Yorelis Vidal. Esta dominicana, que lleva 17 años trabajando para la organización, destaca el esfuerzo que se ha realizado para llegar hasta aquí con marchas, acampadas en Washington y ayunos, entre otras acciones. «Estoy muy motivada porque hemos conseguido algo con este trabajo; un pedacito de pastel para alegrar los corazones de nuestra comunidad», dice con emoción sin olvidarse de los casi seis millones de sin papeles que no podrán tramitarlos.

Faltan cuatro horas para la cita con el televisor y Obama, pero hasta la recepción van llegando los convocados que sienten que podrán regularizar su situación. Magdalena Brito, feliz, llega muy temprano cargando una bolsa llena de documentos. Lleva copia de sus impuestos pagados, del pasaporte de Ecuador expedido en el consulado neoyorquino de su país natal, y el que utilizó para entrar en Estados Unidos con visado canadiense en 2002. «Vivo aquí con mi hija, que es ciudadana desde hace casi tres décadas», señala mientras muestra el contenido de la bolsa. Ella la reclamó hace años, pero un problema con el nombre –el segundo es Patricia, que fue el que constaba en la documentación americana– y por ende en la firma, impidieron que llegase a Nueva York legalmente. «Voy a aplicar [presentar la solicitud] porque tengo mi hija ciudadana, he pagado mis impuestos y cumplo las condiciones», sostiene sin desprenderse de un taco de documentos que recogen su historia como indocumentada.