A Earl Sampson, la policía de Miami lo ha cacheado más de 100 veces, detenido al menos en 62 ocasiones y metido en la cárcel –para soltarlo inmediatamente– 56 veces. La mayor parte de esos incidentes han tenido lugar en la tienda en la que trabaja, en el gueto negro de Miami Gardens.
El caso de Sampson fue desvelado el año pasado en una investigación llevada a cabo por el diario Miami Herald. Las cámaras de seguridad de la tienda muestran a Sampson siendo detenido mientras cambia el agua de una máquina expendedora o cuando saca la basura.
En una ocasión, un policía entra en la tienda y pide permiso para usar el baño. Cuando ya ha abierto la puerta del aseo, cambia de opinión y arresta a Sampson. En otras ocasiones, el propietario del establecimiento, Alex Saleh, trata de convencer a los agentes de que dejen a su trabajador en paz, pero éstos no le hacen caso. En ninguna de las ocasiones, la policía presentó una orden de registro, pese a que se trataba de un establecimiento privado. En el momento en el que el Miami Herald publicó su investigación, una demanda de Saleh contra los registros de su tienda y los arrestos –que no sólo se limitaban a Sampson, sino que también habían afectado a otros trabajadores y clientes– llevaba 15 meses durmiendo el sueño de los justos en las oficinas de la policía de Miami.
En toda esa peripecia policial, Sampson sólo ha sido hallado culpable de un delito (aunque en muchas ocasiones): posesión de marihuana.
El caso de Sampson es la versión esperpéntica de dos realidades en EEUU. La primera es que los negros son normalmente vistos como culpables, salvo que se demuestre lo contrario. La segunda, que la policía tiene todas las prerrogativas para hacer lo que quiera. A fin de cuentas, EEUU es un país en el que se supone que uno debe mantener las manos visibles –mejor si es sobre el volante– si la policía de tráfico le da el alto por cometer una infracción. Si es de noche, se recomienda encender la luz del interior del vehículo.
Las cifras oficiales no dejan lugar a dudas de que la policía de Estados Unidos tiene el gatillo fácil, tal y como ha vuelto a quedar de manifiesto con la controversia sobre el caso de Michael Brown, el adolescente de 18 años que fue tiroteado el 9 de agosto por el policía Darren Wilson, que ayer confesaba en televisión que tiene la «conciencia tranquila». Mientras, la familia de su víctima aseguraba hallarse «destrozada» tras el fallo judicial que deja impune al agente. Muchael Brown añadía que su hijo «ha sido crucificado».
En 2011, la policía mató en Estados Unidos a 410 personas según datos del FBI. En Alemania, a ocho. En Japón y el Reino Unido, a cero. En 2012, la cifra de personas muertas a manos de los agentes del orden fue de 461. Como contrapartida, en esos dos años fallecieron de forma violenta 49 y 27 policías, respectivamente, a manos de delincuentes. Esos datos podrían, en realidad, ser mucho más optimistas que la realidad. En Estados Unidos no hay un mecanismo unificado para saber cuántos incidentes violentos con arma de fuego se producen cada año ya que, desde hace una década y media, el Congreso, por la presión de la Asociación Nacional del Rifle, ha negado financiación a cualquier proyecto oficial en esa dirección. Algunas estimaciones apuntan a más de 1.400 muertos al año a manos de agentes.
En realidad, la policía estadounidense no tiene un historial brillante. Según el activista David Packman, que ha lanzado su propio proyecto sobre delincuencia entre las fuerzas de seguridad, uno de cada mil agentes ha sido acusado de algún tipo de violación de la ley.
La cuestión es que los jurados en EEUU tienden a ser mucho más suaves con los policías que con los demás. El sito web FiveThrityyEight, especializado en análisis de datos, estima que un ciudadano normal tiene un 68% de posibilidades de ser procesado por un Gran Jurado, mientras que si es un policía la cifra cae al 48%. Si el proceso acaba en juicio, un agente del orden cuenta con un 12% de posibilidades de acabar en prisión, es decir, la cuarta parte de una persona de a pie.
El propio Departamento de Justicia admite que «el número de muertes que se producen durante arrestos es normalmente infravalorado». Pero sus propias estadísticas –que, una vez más, no son totalmente fiables– señalan que el 32% de los fallecimientos son de negros, pese a que esa comunidad apenas supone el 13% de la población de Estados Unidos. Los latinos, que son el 16% del Censo, acumulan el 20% de las muertes. De modo que está claro que, si uno tiene un encuentro con la policía, más le vale ser blanco.
Pero no se trata sólo de racismo policial. Hay más componentes. Uno es el hecho de que Estados Unidos es un país con más armas de fuego que habitantes. Aunque, de nuevo, gracias a la NRA, no hay una cifra precisa, todas las estimaciones coinciden en que el número de pistolas, escopetas rifles y ametralladoras en circulación supera los 300 millones de unidades.
Eso hace que la policía tenga que estar especialmente alerta a cualquier potencial amenaza. El fin de semana pasado, un agente mató a un niño de 12 años en la ciudad de Cleveland porque creyó que la pistola de juguete que tenía era una de verdad. Es un caso extremo, pero no hay que olvidar que en Estados Unidos hay niños que van al campo de tiro a practicar puntería. En septiembre, una niña de nueve años mató en un accidente a su instructor de tiro en Nevada cuando disparaba con una ametralladora Uzi.
Y finalmente, está la comunidad negra en sí misma. Aunque, de nuevo, no hay datos, se estima que el 93% de los asesinatos de negros son a manos de otras personas de la misma raza. Y no es ningún secreto que los barrios de los afroamericanos tienden a ser los más peligrosos de las ciudades. Eso a su vez, genera una espiral de sospechas y de violencia entre los policías y los residentes en esas zonas.
Tal fue el caso de Sampson. Una de las cosas que más llaman la atención de la cascada de arrestos a que fue sometido es que Saleh nunca le despidió. Probablemente, la causa fuera que todo el mundo en ese barrio vivía en un estado de conflicto constante con la Policía. Al final, sin embargo, la historia acabó relativamente bien. El jefe de policía responsable del acoso fue destituido. En la mayor parte de los casos, sin embargo, el final no es tan esperanzador.
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