Un total de 25.611 residentes en el País Vasco que han percibido en alguna ocasión la renta de garantía de ingresos (RGI) desde enero de 2012 han firmado algún contrato laboral con posterioridad a su estancia en el sistema de inclusión social. Así se desprende de una respuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales al grupo del PP en el Parlamento vasco, que precisa que, entre quienes dejaron de cobrar la prestación al haber encontrado un empleo, 14.339 personas son de nacionalidad española (54,4%) y 11.672, extranjeras (45,6%).
Por colectivos de inmigrantes, el grupo de personas que salieron de la RGI con un contrato es el de los marroquíes (1.823), seguido de los colombianos (1.303) y los bolivianos (1.272). A gran distancia les siguen los senegaleses (683), los ecuatorianos (564), los rumanos (525) y los argelinos (516). De todos modos, el hecho de dejar de cobrar la renta de garantía no impide que se pueda volver a pedir la prestación cuando expire el contrato laboral. De hecho, el sistema está pensado en parte en Euskadi y otros países de Europa para personas que están entrando y saliendo del mercado de trabajo con ocupaciones de escasa remuneración.

Si las cifras facilitadas por el Gobierno vasco se analizan por territorios históricos, la mayoría de contratos laborales entre perceptores de la RGI se firmaron en Bizkaia (14.881). Otros 6.338 están en Gipuzkoa y 4.382 en Álava. Por capitales, Bilbao registró 5.314, de los que 1.994 eran extranjeros. San Sebastián contabilizó 1.572 (476 extranjeros), y Vitoria, 3.153 (1.624 foráneos).

Precisamente, el PP instó ayer al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), que gestiona la RGI, a poner el énfasis en la inserción laboral de los perceptores (65.479 en octubre pasado). En una entrevista a Onda Cero, la presidenta de la formación, Arantza Quiroga, negó que su partido tenga por objetivo crear «conflictividad» al denunciar el fraude en la renta de garantía. Y recordó que, antes de que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, exigiera cambiar los requisitos de la prestación, todo el partido ya había advertido de que «existía una situación anómala».