Una discusión por jugar a fútbol en
la calle acabó con la muerte del
ciudadano senegalés Ibrahima Dieye,
de 31 años, y con la detención
de cuatro miembros de una familia
de etnia gitana acusados de varios
delitos. Al padre y a uno de los hijos
se les empezará a juzgar por un
asesinato con alevosía en el Tribunal
del Jurado de la Audiencia de
Barcelona mientras que otros dos
hijos se sentarán en el banquillo
acusados de una falta de lesiones y
de un delito de amenazas. La Fiscalía
de Barcelona reclama 20 años
de cárcel para Antonio F.P. y su hijo
Antonio F.G. por esta muerte ya
que considera que actúan como
agravante los comentarios racistas
que se hicieron justo antes de disparar
a la víctima.
Esta versión contrasta con la expresada
por las abogadas de Antonio
F.P., Eulalia Romero y Silvia Peñas,
del bufete Gavilán & Romero,
que mantienen que hubo una pelea
tumultuaria en la que se forcejeó y
se disparó el arma de fuego. La bala
alcanzó a la víctima y murió poco
después. No está claro todavía quién
llevaba la pistola en el momento de
dispararse. Pese a esto las abogadas
explicaron que en ningún caso hubo
un componente racista en el crimen.
Entre los hechos que se juzgarán no
está la espiral de violencia que se vivió
en el barrio del Besòs de Barcelona
la noche siguiente a esta muerte,
ocurrida el 3 de enero de 2012, ni
las cargas policiales que se produjeron
contra la comunidad senegalesa.
Tampoco se considera objeto de
juicio el incendio intencionado de la
vivienda de la familia sospechosa.
La tensión en la zona amenazó
durante varios días la convivencia
en el barrio por lo que representantes
de la coordinadora de senegaleses
de Cataluña, de la Federación de
Asociaciones Gitanas de Cataluña
(FAGiC) y de las entidades vecinales
del Besòs se reunieron para calmar
los ánimos. Además de reclamar
ayuda a las administraciones
también hicieron varios actos conjuntos
en memoria de la víctima y
condenaron la agresión. Incluso el
presidente de la coordinadora de senegaleses,
Amadou Boka Sam, declaró
tras aquella reunión que no
había un componente racista en el
crimen para rebajar la tensión que
existía en el barrio El escrito de la Fiscalía indica
que la tarde del 3 de enero de 2012,
la víctima junto a otros compatriotas
suyos se encontraban jugando
a fútbol en la calle Palerm de Barcelona,
donde vivían los acusados.
Uno de ellos, Antonio F.P. se acercó
a ellos y les recriminó que jugasen
en la calle por el ruido que hacían
y les «profirió expresiones de contenido
racista», según el Ministerio
Público. Los senegaleses se encararon
con el procesado por lo que llamó
a dos de sus hijos, Salvador y
Rafael, que llevaban un bastón y
un cuchillo, por lo que serán juzgados
por una falta de lesiones y un
delito de amenazas. La fiscal destaca
que los senegaleses no quisieron
pelearse, tal y como han indicado
varios testigos de esta comunidad,
aunque uno de los acusados presentó
un parte de lesiones presuntamente
provocadas en la trifulca.
En ese momento apareció Antonio
F.G., hijo y hermano de los anteriores,
que siguió «de forma directa
y clara la instigación y el plan
indicado por su padre», según la
fiscal. Por eso, acudió a su casa y
salió con una pistola pese a que no
tiene licencia de armas. Primero
Antonio F.G. disparó al aire después
lo hizo sobre la víctima que
falleció por las heridas que sufrió
por el impacto de la bala. Después
del crimen, la familia se refugió en
su casa donde fueron detenidos
por los Mossos d’Esquadra.
Además de la pena de 20 años de
prisión para el padre y el hijo, la
Fiscalía reclama que indemnicen
con 150.000 euros a los padres y la
esposa del fallecido, que reside en
Senegal. La acusación particular,
que representa a la familia, sube
esta cantidad a los 250.000 euros
más 150.000 euros para un primo
de la víctima que convivía con él en
Barcelona. La defensa de Antonio
F.P. se opone también a esta indemnización.
Además, la acusación
particular pide 23 años para Antonio
F.G. por los delitos de asesinato
y tenencia ilícita de armas y 20
años de cárcel para su padre por el
crimen. El juicio comenzará el próximo
jueves en la Audiencia de
Barcelona y durará unos 10 días.