La votación de la norma que quiere definir Israel como un “Estado – nación judío” amenaza con romper la coalición de Gobierno que encabeza el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Los partidos moderados de centroizquierda se niegan a avalar un texto que sitúa el carácter judío del país por encima del democrático, que amenaza con eliminar la cooficialidad del árabe como lengua estatal —junto al hebreo— y que no garantiza textualmente la igualdad de todos los israelíes ante la ley.

“Es un proyecto radical que lleva a la teocracia. Eso no va a ocurrir”, rechaza la ministra de Justicia, Tzipi Livni. El proyecto inicial, aprobado el domingo por el Consejo de Ministros por 14 votos frente a seis, debía votarse mañana en la Knesset (Parlamento israelí), pero la amenaza de crisis en el Ejecutivo ha retrasado el proceso parlamentario al menos una semana, en un intento de llegar a una propuesta que pueda lograr el máximo consenso.

Las negociaciones son “frenéticas”, según reconocen los asesores de Netanyahu. Sin embargo, el primer ministro se mostró este lunes “decidido” a someter a votación el texto, “con o sin acuerdo” de sus aliados. “El tiempo dirá”, respondió elusivo, al ser preguntado por un posible adelanto electoral.

No es la primera vez que se baraja en el último mes la convocatoria de unos comicios adelantados, estancada como está la aprobación del presupuesto. Nunca en su historia, un Gobierno de Israel ha logrado completar una legislatura completa.

La última encuesta de intención de voto, publicada por el portal Walla el día 22, daba una mayoría absoluta de 63 escaños sobre 120 para Likud – Casa Judía – Israel Beitenu, impulsores de la polémica ley del “Estado judío”.

El aplazamiento de la votación de la norma en la Cámara puede calmar los ánimos, pero la raíz del choque sigue siendo la misma: los tres partidos de derecha y ultraderecha mantienen su apuesta por dar prioridad al valor judío de la nación sobre cualquier otra etiqueta y no tienen intención de mantener el actual estatuto de la población árabe de Israel. Netanyahu tratará de suavizar la redacción de la norma, según la prensa local, pero está por ver hasta qué punto es capaz de rehacer la propuesta inicial de Zeev Elkin, uno de sus hombres de confianza.

Elkin es el más firme partidario de una ley que el fiscal general, Yehuda Weinstein, ha dicho que “no puede avalar” porque choca con textos como la Declaración de Independencia —columna vertebral en un país sin Constitución—, que expresa sin lugar a dudas que la igualdad de los ciudadanos es inviolable. “La ley es un ataque a la naturaleza democrática de Israel”, abunda Weinstein, avisando de que el Tribunal Supremo difícilmente podrá aceptarla.

“No es demasiado tarde para arreglar las cosas”, mantenía este lunes el ministro de Finanzas, el centrista Yair Lapid, al mando de Yesh Atid, segunda fuerza política israelí. El periodista Lapid, reconvertido en político y que dio la sorpresa en las elecciones de enero de 2013, advierte de que no teme la convocatoria de comicios adelantados. “Hay que frenar la vieja manera de hacer política, con señores que no quieren hacer su trabajo mientras las calles están ardiendo”, señaló este lunes en diversas entrevistas.

Más dura se mostró Livni, quien censuró que la norma “convertirá en ciudadanos de segunda a las minorías”, es decir, al 24,6% de la población de Israel (1,9 millones de habitantes) que no es judía, y “atenta descaradamente contra la democracia”. Sus palabras fueron similares a las de Isaac Herzog, al frente del Partido Laborista, que cree que Netanyahu “tapa” con esta polémica los crecientes problemas de seguridad o empleo.

El único consenso de todas las fuerzas políticas israelíes sobre la nueva ley es que refuerza los símbolos nacionales, el calendario judío y la protección de los santos lugares.

La condición judía de Estado, reconocida desde la independencia en 1948, no se había intentado plasmar hasta ahora en un texto legal. La Asociación por los Derechos Civiles de Israel considera que puede consagrar en una norma la división del país. “No aporta nada más que una diferenciación entre ciudadanos que recuerda la confesionalidad de países islamizados de la región”, advierte, y denuncia también que, en la práctica, “peligra” la defensa de los intereses de todo israelí que no sea judío, se destierra el árabe de la vida pública de la nación y se “amenaza” con “acabar situando físicamente a las personas en función de su credo”.

Daniel Friedmann, exministro de Justicia, explica que hay que aclarar mucho el articulado de la nueva norma antes de saber qué cambiará exactamente en la vida de los no judíos —“posiblemente, no demasiado”, predice—, pero advierte de que declarar la primacía de unos israelíes sobre otros puede causar “estragos” en la imagen “democrática” de la nación.