El conflicto entre los gitanos en Tui ha puesto de relieve la figura de los «arregladores», mediadores de respeto reconocido que buscan un consenso de acuerdo a sus leyes y cultura. Así funcionan

Atiende el teléfono en una gasolinera, repostando. El viaje entre Huelva y Zamora es largo, por mucha autovía que haya. Y lo realiza «de muy buena fe, con cariño, sin ningún beneficio». Juan José Cortés forma parte del grupo de «arregladores» que los gitanos gallegos y zamoranos han convocado para que medien en el conflicto surgido en las últimas semanas tras un desencuentro en el concello de Tui, que llevó a estos últimos a poner «tierra de por medio». «Es un honor para cualquier gitano» ser convocado por los colectivos de otras autonomías para interceder en un problema, un ejemplo más de la vasta cultura de este pueblo que, en paralelo al ordenamiento jurídico, tiene vías para la resolución de desencuentros.

«Nosotros no impartimos justicia, sino que actuamos como un juez de paz, desde la sensatez moral y procurando siempre el bien», explica, «no para todo se necesita a la justicia ordinaria». Los «arregladores», como se los conoce en el norte o «gitanos de respeto o de leyes», en el sur existen desde tiempo inmemorial. Es una condición «que dan los años», además de «haber sido una persona honrada, que no hayas tenido desavenencias con la ley y el resto de los gitanos». «Necesitas unas condiciones morales y humanas» y, evidentemente, que los tuyos te reconozcan «la capacidad para resolver problemas». «Es un conglomerado de actitudes», apunta Cortés. Y por encima de todo, «que seas un hombre de palabra, un hombre de honor». Porque «la palabra de un gitano vale más que el oro», lo resume este pastor evangélico en un tono didáctico.

Además de Cortés, presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Gitano, han sido convocados otros «arregladores» de Málaga, Sevilla, Madrid y Bilbao, voces ajenas al conflicto y de imparcialidad incuestionable. Su papel no es el de hacer la ley, sino encontrar un punto en su aplicación que satisfaga a todas las partes. La función de legisladores la ejercen los ancianos, que se reúnen en sus consejos, siguiendo la tradición oral del pueblo gitano, cuyas normas consuetudinarias se remontan a siglos atrás. La costumbre es la madre de las leyes, basadas sobre principios morales y éticos, en conductas que los propios gitanos reconozcan como honorables o merecedoras de respeto. En Galicia, donde están establecidas aproximadamente unas 20.000 personas de etnia gitana, hay un anciano en cada ciudad o villa en las que haya un colectivo gitano importante. Cuando se produce un problema como éste con los zamoranos, que implica a un amplio volumen de familias, esta docena de sabios respetados se reúnen y deciden.

Sin embargo, Sinaí y Cortés se resisten a llamarlo «destierro». «Quizás no sea la palabra más adecuada, porque aquí no se ha forzado a nadie», cuenta Cortés, «siempre se recomienda que haya tierra de por medio para evitar un mal mayor, se aparta temporalmente y luego ya se revisará cuando las aguas se calmen». Al tratarse de un problema «en vías de asesoramiento», se busca distanciar a las partes en conflicto «para evitar más dolor a las personas que han sido dañadas, que no haya agravios». Algo parecido sucedió en febrero de este año, cuando los Cortiñas, parientes del asesino confeso de Lupe Jiménez, se marcharon de Galicia tras el suceso que conmocionó a la sociedad gitana. «Se alejó a los familiares como medida preventiva para que no tuvieran que intervenir al poco tiempo ni la Policía, ni las ambulancias, ni los coches fúnebres», asegura rotundo Sinaí.

A menudo, «el tiempo es el mejor aliado para resolver un problema», y a él se confía Cortés en el caso que ahora tiene que abordar. Desde la Asamblea que preside se «fomentan los consejos de ancianos allí donde existen, y donde no, los creamos para conservar nuestra cultura y nuestras costumbres».

Al calor de estos acontecimientos se ha suscitado el debate público sobre si las leyes gitanas son compatibles con el ordenamiento jurídico vigente. Cortés lo achaca al tópico que persigue a su pueblo. «Creo que no se ha explicado bien, no hemos tenido la oportunidad de trasladarlo correctamente a la opinión pública», pero también denuncia que «el sensacionalismo toma al gitano como una noticia pintoresca que se sale de la realidad, y otras veces se nos malinterpreta». No hay dos códigos legales superpuestos, sostiene. «Nosotros los arregladores no suplantamos a la justicia sino todo lo contrario, facilitamos que haya acuerdos, como un juez de paz», afirma. Admite, sin rubor, que «desde fuera esto puede parecer arcaico, pero todo lo contrario, ojalá nuestro sistema judicial tuviera esta herramienta intermedia antes de acudir a los tribunales».

La ley gitana «usa el sentido común». «No necesitan ser escritas», porque así pueden «ser más flexibles e irse adaptando» a cada momento y cada contexto histórico y social, aunque los principios siguen ahí, férreos: respeto, honor, familia, lealtad y paz. Juan José Cortés se despide con un «gracias amigo» y vuelve al coche. Zamora le espera.