La plataforma ciudadana ‘Ayudas más justas’ comenzará en enero a recoger firmas en apoyo de una iniciativa legislativa popular (ILP) para reformar la ley que regula la renta de garantía de ingresos (RGI) y poner freno “a los abusos y el fraude” que, a su juicio, permite la actual norma.

Esta plataforma asume el discurso del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el PP en esta materia, aunque niega vinculación alguna con este partido.

Este movimiento ciudadano se presentó esta tarde en un acto público en la ciudad de Vitoria en presencia de un centenar de vecinos y sus portavoces quisieron dejar claro que su propuesta “no va contra nadie” ni esconde motivaciones racistas. Este mensaje se vio reforzado con la presencia en el estrado de una joven ecuatoriana y un hombre nigeriano que manifestaron su respaldo a establecer más controles para impedir “engaños”.

El portavoz de la plataforma, Patxi Gómez, explicó que representan a un grupo de personas “abierto y plural” que tiene como nexo de unión el interés común por “aglutinar el máximo apoyo ciudadano en torno a una ILP que mejore nuestro modelo de bienestar social eliminando las deficiencias, fraude y abusos que, en estos momentos, se producen en la gestión de las ayudas sociales y ampliando la cobertura a personas que ahora se quedan fuera”.

No disponen todavía de un texto articulado que concrete la reforma que plantean y confían en presentarlo dentro de dos o tres semanas para tramitarlo a continuación en el Parlamento Vasco y empezar a recoger firmas a partir de mediados de enero. Su objetivo es conseguir el mínimo de 30.000 firmas válidas que exige la legislación para que la ILP pueda continuar adelante y ser debatida en pleno en la Cámara de Vitoria.

“Estamos trabajando en el texto, nos están llegando todavía aportaciones, y no podemos por lo tanto anunciar cuales van a ser nuestras propuestas. Sí podemos decir que entre ellas está dar acceso a la RGI a personas sin recursos que tienen alguna propiedad sin valor al margen de su vivienda habitual”, señaló Gómez.

Reunión con Maroto

Gómez, acompañado de quienes ejercerán de portavoces en Bizkaia y Gipuzkoa, reconoció que se entrevistó hace varias semanas con Maroto para manifestarle su voluntad y la de otras personas de “recoger el guante que había lanzado el alcalde” y crear una comisión encargada de promover una ILP para reformar la RGI y recoger firmas para que este debate llegue finalmente al Parlamento Vasco.

Eso sí, negó que detrás de la plataforma “esté el PP o cualquier otro partido y, de hecho, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta de reforma de la ley que regula la RGI, no la propuesta del PP, y puede ser por lo tanto diferente a la que en su día planteó el señor Maroto. Nuestra intención es presentar el contenido de nuestra iniciativa a todos los partidos que son los que van a tener que debatirla y, en su caso, aprobarla”.

La plataforma dispone de una página web (ayudasmasjustas.org) donde se asegura que “sólo será posible terminar con situaciones de injusticia y promover un sistema verdaderamente solidario con una administración eficiente y equitativa de los recursos de todos”, y expone que el objetivo final es “modificar los requisitos de acceso a las ayudas sociales, de manera que garanticen un sistema de protección social más justo, sostenible y solidario”.

“Hay menos recursos como consecuencia de la crisis y ello nos obliga a ser especialmente escrupulosos en la gestión del dinero público para evitar los fallos que ahora mismo presenta el sistema y que han provocado una ‘fuga’ en los tres años de 86 millones de euros por pagos indebidos, casi 21 millones de ellos por fraude e irregularidades”, afirmó el portavoz.

Una las claves, sostuvo, es conectar mejor a los perceptores de RGI con los itinerarios de inserción laboral para evitar que su situación se cronifique.

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, Gómez no quiso pronunciarse ni a favor ni en contra de la tesis del alcalde de Vitoria de que determinados colectivos de inmigrantes como los magrebíes cometen más fraude y abusos, y viven de las ayudas sociales, ya que, según expuso, “no se trata de una tesis, sino de datos del Gobierno Vasco de los que cada persona puede extraer sus conclusiones”.

Y aseguró que hay que evitar el fraude con independencia de que su autor sea nacional o inmigrante.