Dos años de guerra institucional. Los últimos 24 meses de Barack Obama en la Casa Blanca amenazan en convertirse en un campo de batalla político. El presidente de Estados Unidos está decidido a usar todos los poderes que le confiere la ley contra un Congreso en el que la oposición republicana ha bloqueado, a su vez, todas sus propuestas.

El resultado son dos bloques inamovibles. Uno, atrincherado en la Casa Blanca. El otro, en el Congreso. Es una guerra que por ahora no va a tener cuartel, y que se va a dirimir en la arena política, en la de la opinión pública y, posiblemente, también en los tribunales porque, en último término, se trata de la interpretación de la Constitución.

Por el momento, ninguna de las partes tiene poder para destruir a la otra, y el riesgo de que una de ellas se exceda en el uso de sus poderes puede causar una reacción que dé la victoria a su rival. Una victoria que, además, puede tener implicaciones a largo plazo, porque quedan menos de dos años para las elecciones.

Por ahora se está produciendo una escalada. En las apenas dos semanas transcurridas desde las elecciones legislativas, que dieron al Partido Republicano el control del Congreso, Obama ya ha anunciado un acuerdo con China para reducir la emisión de gases que producen el calentamiento global y un plan que abre la puerta a que unos cuatro millones de inmigrantes ilegales no corran riesgo de ser deportados.

El presidente podría incluso cerrar un pacto con Irán acerca del programa nuclear de ese país que no necesite la sanción del Senado, según ha informado el diario The Washington Post. Y el martes ya declaró que vetaría una ley que iba a permitir la construcción del llamado tramo XL del oleoducto Keystone, que lleva el petróleo altamente contaminante de las arenas bituminosas de Alberta, en Canadá, a las refinerías de Texas. Al final, el proyecto no fue aprobado, pero por la mínima. Lo más paradójico es que la promotora de la iniciativa fue una correligionaria de Obama: la senadora demócrata por Luisiana –un estado petrolero– Mary Landrieu, que lucha por su supervivencia política ante una difícil segunda vuelta de las elecciones el 6 de diciembre.

El eje de la pelea es el poder del Ejecutivo (o sea, la Presidencia) y el del Legislativo (es decir, el Congreso). Desde que EEUU nació a finales del siglo XVIII, el Congreso ha ido cediendo poderes a la Presidencia, que se ha beneficiado de que controla los resortes de la Administración para ir creando diversos ámbitos de poder –el más reciente, el Consejo de Seguridad Nacional– que no responden a nadie.

El otro gran factor a favor de la Casa Blanca es que en ella el poder está concentrado en torno a una persona. El Congreso, sin embargo, funciona a base de comités, y ha tenido históricamente dos partidos –y en contadas ocasiones, tres– que son más bien coaliciones y en las que cada legislador va más o menos por libre.

El Congreso está, por definición, dividido; la Casa Blanca, por la misma razón, es como una roca. Por eso la tendencia histórica le favorece, gobiernen republicanos o demócratas. El ejemplo más obvio fue la abdicación de poderes del Legislativo en 2001, tras los atentados del 11-S, cuando dio carta blanca a George W. Bush para atacar a Al Qaeda o a quien juzgara un enemigo de EEUU. John Yoo, asesor jurídico del entonces presidente, escribió entonces un memorando en el que venía a declarar que el Ejecutivo no tenía ninguna restricción legal para perseguir sus objetivos.

Poco después, los demócratas empezaron a protestar. Y, a partir de 2004, uno de los críticos fue un joven senador por Illinois llamado Barack Obama. El mismo Obama que ahora está invocando el poder presidencial para ir en solitario.

Los republicanos del Congreso están de nuevo divididos. Los más conservadores, apoyados por las bases, quieren una guerra total contra Obama, en los tribunales y en el proceso de negociación del Presupuesto, que llegue, si es preciso, a obligar al cierre parcial de la Administración Pública, como ya pasó en 2013.

El principal frente de batalla es la inmigración. El gobernador de Texas –que ya intentó la conquista de la Casa Blanca en 2012–, Rick Perry, declaró el miércoles que una posible demanda de ese estado contra Obama es «una posibilidad muy real». Perry dijo que el fiscal general de Texas, Gregg Abbott –que se convertirá en el nuevo gobernador el mes que viene– ha resumido su actual trabajo en los siguientes términos: «Voy a la oficina, llevo a Obama a los tribunales, y me marcho a casa». El senador Ted Cruz, publicaba ayer un artículo en Politico titulado «Obama no es un monarca», que concluía afirmando «si Obama no respeta al pueblo, el Congreso lo hará».