La crisis económica también se refleja en la situación cada vez más vulnerable de los menores. El informe Niños, niñas y jóvenes sin hogar en España, presentado este martes en Madrid como parte de un proyecto impulsado por la Unión Europea (UE), concluye que los recortes de los servicios sociales y los desahucios han incidido en el avance de esta realidad. Más de 40.000 menores viven tutelados por el Estado, según los últimos datos recogidos en el estudio. En 2007, antes del inicio de la crisis, había unos 30.000 en esta situación.

El concepto “sin techo” no se refiere únicamente a dormir en la calle. En el perfil de los niños y adolescentes sin hogar que ha elaborado la Fundación Simetrías —que dirige el estudio en España como parte del Programa Daphne, de la Comisión de Justicia de la UE— se incluyen a los inmigrantes no acompañados, a aquellos que se fugaron de sus casas, a los que residen en infraviviendas verticales, asentamientos o pisos en riesgo de desahucio e, incluso, a los que al cumplir los 18 años deben abandonar los centros tutelados. La organización matiza, sin embargo, que en España no existe un compendio de datos que permita precisar el número de menores que viven esta realidad.

El informe, que también se realiza en otros nueve países y cuyos resultados serán presentados el próximo mes en Bruselas, sí recoge algunas pistas. Destaca, por ejemplo, dos datos de 2013: 13.000 menores se fugaron de sus casas —de ellos, 460 siguen sin ser localizados— y 9.000 padres denunciaron a sus hijos por agresión. “La precariedad ha generado un incremento de los conflictos intrafamiliares”, afirma Ángeles Díaz Vieco, presidenta de la Fundación Simetrías. El año pasado también se contabilizaron casi 3.000 menores no acompañados, según el Ministerio de Empleo.

Para Díaz Vieco, una de las realidades más duras es la de los menores tutelados que dejan de serlo al cumplir los 18 años de edad. Viven en residencias y centros de protección o con familias extensas (por ejemplo, con abuelos o tíos) y de acogida judicial (sin relación filial), pero, una vez que alcanzan la mayoría de edad, “pueden terminar durmiendo en la calle”, advierte la fundación.

“Si a un chaval que ha crecido en condiciones óptimas, con formación y el apoyo de su familia, se le hace difícil independizarse, imagina cómo es para uno que ha crecido en una situación de abandono. Cumplir 18 puede ser traumático, más si no se ha fomentado la autonomía”, afirma José Rodríguez, de la Asociación Colectivo La Calle. La organización, que trabaja con casi 200 jóvenes que viven esta realidad, destaca que los problemas también pasan por la falta de papeles. “Hay muchas trabas para regularizarlos. Muchos, por ejemplo, sí tienen permiso de residencia, pero no de trabajo”.

Ana Chaparro es madre de acogida de un menor de siete años. Aunque vive con ella desde que tenía 20 meses, el niño no tiene ninguna nacionalidad. “Sus padres son de Marruecos y, aunque él nació en España, nunca lo inscribieron en el consulado. Por ahora solo tiene NIE y me han dicho que no puedo hacer nada más porque la Comunidad de Madrid tiene la tutela”. La mujer cuenta que recibe una ayuda anual de 2.000 euros y 30 euros mensuales para el comedor. “Nos alcanza porque mi pareja y yo tenemos trabajo”.

El informe plantea una serie de recomendaciones, entre ellas, la elaboración de un plan estatal de respuesta, la paralización de los desahucios y la agilización de los trámites para que las familias desahuciadas con hijos menores puedan acceder al fondo social de la vivienda de los bancos. También pide que se garantice la Renta Mínima de Inserción (RMI) a las familias con menores en situación de extrema vulnerabilidad. Aunque en los últimos años se ha registrado un incremento del número de receptores hasta llegar a los 217.000, el estudio considera que la cifra es insuficiente si se toma en cuenta que en España existen 740.000 hogares sin ingresos. La fundación propone que la renta sea homogénea en las 17 comunidades autónomas; una familia recibe 600 euros en el País Vasco y 420 en Castilla-La Mancha.

El informe se ha presentado en el marco de la Conferencia CRS (Children Rough Sleepers, niños que duermen en la calle), que se ha celebrado en la sede de la Comisión Europea en Madrid y en la que han participado expertos de administraciones públicas y privadas, universidades y plataformas de la sociedad civil. La investigación es coordinada por la Universidad de Wolverhampton, en Inglaterra.