GASTEIZ. El mandatario popular abandera desde verano una propuesta para reformar en el Parlamento Vasco la Ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y endurecer los requisitos de acceso al sistema, aunque finalmente será una plataforma ciudadana la que presente la idea en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Maroto propone que no puedan percibir estas ayudas los inmigrantes irregulares, las personas que no tengan vida laboral, quienes hayan cometido delitos graves y los que no hubieran estado empadronados durante diez años en Euskadi, entre otros supuestos.

En una entrevista concedida a Efe, el alcalde  ha matizado que ese último requisito quedará “concretado” en una doble vía: podrán solicitar la RGI quienes hayan estado empadronados en el País Vasco durante cinco de los últimos años o bien aquellas personas que, como mínimo hayan vivido un año en Euskadi y además tengan un lustro de cotizaciones a la Seguridad Social.

De esta manera, ha asegurado Maroto, “no se recorta ningún derecho”, sino que plantea que “si se ha trabajado y aportado a la sociedad, se tiene derecho” a percibir una prestación social.

“Pero no vale decir: ‘conozco el sistema, no pretendo trabajar, me apunto a las ayudas sociales y tengo un subsidio de por vida’. Eso la mayoría de los vascos no lo apoya”, ha afirmado.

El alcalde de la capital alavesa quiere que se incorporen al sistema personas “vulnerables” que “la actual normativa está dejando fuera” y propone entre otras medidas aumentar en 50 euros mensuales el complemento de la RGI de los pensionistas que tienen problemas para pagar las facturas energéticas.

“La pobreza energética existe en Euskadi y muchas personas la pasan en silencio o solas”, ha señalado Maroto, que propone que el dinero para sufragar ese complemento se saque de las “bolsas de fraude” que hay en las ayudas sociales.