Marvin llegó a España desde su Honduras natal hace cinco años, cuando era menor de edad para acogerse al reagrupamiento familiar. Su madre y su hermana llevaban años aquí luchando para mejorar el estatus de todos. Ambas tienen trabajo legal en Madrid, permiso de residencia y esperan contar en breve con la nacionalidad española. El pasado año, cuando el chico cumplió 18 años, no tardó en llegar la orden de expulsión. Marvin siguió cursando sus estudios en un instituto público mientras su familia trataba de regularizar su estancia. Nunca tuvo problemas con la Justicia. Incluso parecía apuntar maneras de futbolista y preparaba su ficha por un equipo de la Tercera División. Tenía hora el 20 de octubre en Extranjería para ultimar sus papeles de regularización. Pero no pudo acudir. El 13 de octubre una patrulla de policía le esperaba a la puerta del instituto. En apenas 40 horas aterrizaba en Tegucigalpa, con uno de los índices de violencia más altos del mundo. Allí no le queda nadie. No tiene nada. En su inexistente equipaje, ya que vestía la misma ropa con la que fue detenido dos días antes, no faltaba una orden con la prohibición de volver a España durante tres años (habrían sido cinco si tuviera antecedentes penales).

La familia de Marvin se queja de que ni siquiera pudieron darle un abrazo o el atillo de ropa que prepararon al intuir lo que estaba pasando. «Nos marearon para que no pudiéramos acceder a él. España ha perfeccionado la burocracia migratoria para que personas como Marvin no tengan posibilidad de defensa», explica Araceli Manjón-Cabeza, profesora de Derecho Penal y secretaria general de la Universidad Complutense, que se implicó en este caso e hizo todo el recorrido por comisarías y aeropuerto con la familia del joven.

Su desventura coincide con la operación europea Mos Maiorum –bautizada así por la presidencia italiana Mos Maiorum–, que durante quince días de octubre ha movilizado a todas las policías continentales para controlar el tránsito irregular de personas. «Esta política asocia la idea del inmigrante con el criminal. Pone en riesgo el derecho a la no discriminación y a la libertad de movimiento», protestó en el pleno del Parlamento europeo Ángela Vallina, eurodiputada de Izquierda Unida.

Casos como el de Marvin pasan de largo. Aquí, las ‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla, la expulsión inmediata de los que tratan de entrar por la fuerza saltando las vallas, centran el debate. Sus detractores denuncian la vulneración de la Ley de Extranjería, que exige que la orden la firme un juez, previo expediente de entrada. La propia comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha criticado por carta al Gobierno español para recordarle que «los inmigrantes tienen derecho a ser oídos y a solicitar asilo». Los abogados y organizaciones de defensa de los extranjeros sitúan estas expulsiones sin contemplaciones un escalón por debajo de la mucho más depurada técnica de repatriación por vía aérea (también se hacen algunas por barco), tal y como le ocurrió al joven Marvin. «Programan un vuelo y hay que llenarlo. La Policía busca en sus bases de datos gente con orden de expulsión o les llama a comisaría por algún papel», relata Cristina Manzanedo, letrada de la organización de los jesuitas Pueblos Unidos. «Lo hacen todo en menos de 72 horas. Así evitan que haya comunicación al juez. A sus letrados o la familia ni se lo plantean».

España es el país europeo que más llena su espacio aéreo con vuelos de expulsión. El último informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo refleja 148 despegues de repatriación solo en 2013. Otros 18 se hicieron en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (FRONTEX) y coordinadas entre varios países. En esas aeronaves viajaban 3.111 inmigrantes. El 70% se enviaron a Marruecos, pero también hubo enlaces con países como Pakistán, Ucrania y varios estados africanos y de Latinoamérica.

152 polis, 96 pasajeros

Una delegación del Defensor del Pueblo viajó en uno de los más numerosos: 35 ecuatorianos y 56 colombianos de vuelta a sus países. Iban escoltados por 152 policías. «Nos gustaría hacer visitas sorpresa, pero es imposible. Intentamos que sirva para mejorar los protocolos y, si vemos algo ilegal, informamos al fiscal», resumen desde el Defensor del Pueblo. En su informe, este organismo reflejó, entre otros detalles, que «todos los repatriados iban provistos de unos lazos de tela que les sujetaban las muñecas».

Dada la enorme presión migratoria por tierra, mar y aire, la expulsión efectiva se ha convertido en un objetivo clave para combatir el temido ‘efecto llamada’. Se trata de «no dar la sensación de que se ha ablandado la forma de entrar y, sobre todo, de quedarse en España», admiten fuentes del Ministerio del Interior. Las expulsiones ‘en caliente’ resuelven el problema en plena frontera. Los vuelos son la respuesta para los que ya están dentro desde hace tiempo. «Una persona deportada es alguien que no existe, que ha desaparecido y no va a volver para presentar alguna denuncia», desliza Ione Belarra, portavoz de SOS Racismo.

Desde que un inmigrante cruza la valla o sobrevive a la patera hasta que le ‘cazan’ y lo mandan de vuelta a casa a veces pasan meses, años. Muchos de ellos consumen los primeros días en suelo español en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tenemos siete y, solo el año pasado, el Defensor del Pueblo registró más de 9.000 ingresos. No tienen catalogación de ‘centro penitenciario’, pero un irregular puede pasar la ‘cuarentena’ dentro (hasta 40 días, prorrogables a 60) en espera de su futuro. Al menos tiene la garantía de que se enterará el juez, el único que puede autorizar su estancia.

En 2013, Extranjería no logró pruebas para echar del país a casi la mitad (47,5%) de sus internos, que terminaron de nuevo en libertad. El resto, más de 4.500, acabaron en un avión o un barco con billete solo de ida.Por eso, el sistema migratorio español ha intentado agilizar sus expulsiones en el menor tiempo posible para evitar pasar por estos centros y esquivar a los jueces.

La ONG Pueblos Unidos se entrevistó con 300 internos: en su informe reflejó que la mitad carece de antecedentes penales y lleva al menos siete años de arraigo en España. «Muchos tienen problemas por perder su empleo y ver complicado su permiso de residencia, pero ¿es necesario encerrarles y expulsarles?», se pregunta su portavoz, Esther Pompa. En esta línea incide Araceli Manjón-Cabeza, que lamenta que «no se distinga unos casos de otros y se esté expulsando a una gran parte que no son problemáticos y no tienen cuentas con la ley».

Aviso de los jueces

En los últimos meses, los jueces de control de estos CIE han emitido hasta tres autos en los que exigen a la Policía que «los internos deben ser avisados con antelación del día, hora y ciudad de destino de sus vuelos de expulsión». Se trata de evitar lo que le pasó el 4 de septiembre a Ousman Sanneh, ciudadano de Gambia al que intentaron meter en un vuelo con destino a Marruecos. «Le salvó de la expulsión que el comandante del avión oyera sus protestas y se negara a embarcarlo», explican en Ferrocarril Clandestino, asociación de apoyo a inmigrantes.
Sueños por el aire

Entre los cuerpos policiales, que se encargan de las labores de escolta, estas operaciones se han convertido en rutina, aunque reconocen que «se han dado casos en los que nos hemos negado a hacer traslados por riesgos o violencia», admite el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Javier Estévez. Los agentes están mucho más preocupados por las ‘devoluciones en caliente’. «Los vuelos son una decisión gubernativa en la que somos meros espectadores. Acatamos órdenes y punto final».

Un punto final que ha partido en dos la vida de Geovany Quiñónez. Este ecuatoriano llevaba 14 años trabajando en España. Pasó dos ‘cuarentenas’ en el CIE de Aluche, una ‘escalerilla’ que suele conducir a Barajas. Quiñónez no pudo renovar sus papeles y fue deportado en abril. Dejó un hijo de 14 años, que es español. «Éramos la segunda potencia de la economía de Ecuador gracias a las remesas y ahora nos dejan tirados en la calle como perros», masculla su mala suerte desde Quito.

11,8 millonesde euros
Un escalón más de las ‘expulsiones calientes’

España se gasta al año 11,8 millones de euros en fletar vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales. Interior ha agilizado los trámites para gestionarlo en menos de 72 horas. Así evita a los jueces y los afectados no pueden comunicar a nadie, ni a su familia, su situación.

En Europa

Los países de la Unión Europea expulsaron el pasado año a 163.380 extranjeros. España es el tercer país con más expedientes (17% del total), detrás de Reino Unido (33%) y Francia (20%).

3.111

inmigrantes fueron expulsados de España por vía aérea en el pasado año. Por tierra y mar salieron del país otros 5.873. El 90% de los que suben a un avión son subsaharianos enviados a Marruecos que a su vez los devuelve a sus supuestos países de origen. Los que no tienen papeles acaban a veces en naciones que no son la suya pero con las que hay acuerdos de repatriación.